La máxima instancia constitucional actúa para preservar la estabilidad institucional en plena temporada electoral.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha decidido, mediante una medida cautelar, suspender provisionalmente el retiro de la credencial de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira Rodríguez, en representación del departamento de La Paz. Esta resolución pone un freno a la orden dictada por un juez de Coroico que disponía la inhabilitación de la autoridad judicial, en un contexto marcado por la proximidad de las Elecciones Generales programadas para el próximo 17 de agosto.
La solicitud para impedir esta destitución fue presentada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteuffel, quien advirtió sobre las consecuencias negativas que tendría la ejecución inmediata del fallo en la estructura del órgano judicial y la estabilidad del proceso electoral. La Comisión de Admisión del TCP, integrada por los magistrados Elizabeth Cornejo Gallardo, Yván Espada Navía y Edson Dávalos, decidió de manera unánime declarar lugar a la medida cautelar.
En conferencia de prensa, la magistrada Cornejo, presidenta de la Comisión de Admisión, aclaró que la medida cautelar es una acción preventiva y no un pronunciamiento definitivo sobre el caso. “Nuestro propósito es evitar que la magistrada sea afectada sin que se analice previamente la legalidad y validez de la resolución del juez de Coroico”, sostuvo.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado Zamorano, recalcó la importancia del principio de independencia y separación de poderes establecido en la Constitución Política del Estado. “Proteger la autonomía de cada órgano es esencial para el correcto funcionamiento del Estado Plurinacional y para garantizar el respeto a los derechos de la ciudadanía”, señaló.
El magistrado Espada destacó que en una coyuntura electoral tan sensible es fundamental actuar con prudencia y responsabilidad para evitar que conflictos judiciales generen inestabilidad política o social. “El Tribunal Constitucional tiene la obligación de cuidar el equilibrio democrático y la institucionalidad”, manifestó.
Asimismo, el magistrado Dávalos puntualizó que la medida busca garantizar el debido proceso y evitar decisiones arbitrarias que puedan afectar la credibilidad del sistema judicial. “La justicia debe aplicarse con respeto al marco legal y a las garantías procesales”, enfatizó.
Con esta resolución, el TCP ordena al Tribunal Supremo Electoral mantener vigente la credencial de Fanny Coaquira, asegurando que continúe desempeñando sus funciones mientras se resuelve el fondo de la controversia a través del procedimiento constitucional correspondiente.
Además, el Tribunal Constitucional exhorta a todas las instituciones públicas a respetar los principios de coordinación, cooperación y respeto mutuo entre los órganos del Estado. La medida busca fortalecer la gobernabilidad y evitar conflictos entre poderes que puedan perjudicar el proceso democrático.