Estados Unidos confirmó una operación militar directa contra Venezuela, incluyendo bombardeos, captura del presidente Nicolás Maduro y acusaciones sin pruebas, desatando denuncias internacionales por violaciones al derecho internacional y soberanía estatal.
En la madrugada del viernes 3 de enero, Venezuela ingresó en uno de los episodios más graves de su historia reciente. Explosiones registradas en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira confirmaron el inicio de un ataque militar ejecutado por fuerzas de Estados Unidos. Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump asumió públicamente la autoría de la operación y aseguró que el presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, había sido capturado y trasladado fuera del país.
Las declaraciones fueron difundidas por el propio Trump a través de su red Truth Social, donde calificó la acción como una operación “exitosa y a gran escala”. Según el mandatario, la intervención contó con la participación de agencias de seguridad estadounidenses y habría sido diseñada bajo el argumento de una supuesta lucha contra el narcotráfico y redes criminales. No se presentaron pruebas que respalden esas afirmaciones ni se identificaron organismos internacionales que avalen la operación.
La confirmación oficial de Washington transformó lo que inicialmente circulaba como reportes fragmentarios en redes sociales en un hecho de carácter internacional. Durante la madrugada, residentes de Caracas reportaron fuertes detonaciones, vibraciones en edificaciones y el sobrevuelo constante de aeronaves militares. Autoridades locales activaron protocolos de emergencia mientras se interrumpían servicios en varias zonas urbanas.
Pocas horas después del ataque, el Gobierno venezolano emitió un comunicado oficial calificando los hechos como una “gravísima agresión militar”. En el documento, Caracas denunció una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los principios que prohíben el uso de la fuerza y garantizan la soberanía de los Estados. El texto subrayó que la ofensiva estadounidense no solo afecta a Venezuela, sino que pone en riesgo la estabilidad de toda América Latina y el Caribe.
La reacción institucional fue inmediata. El Ejecutivo venezolano anunció la activación del estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. La medida, según el comunicado oficial, busca garantizar la protección de la población civil, asegurar el funcionamiento de las instituciones republicanas y organizar la respuesta ante la agresión armada extranjera. Las autoridades llamaron a la movilización nacional y a la defensa integral del país.
En paralelo, Venezuela notificó que recurrirá a instancias multilaterales, entre ellas el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Secretario General de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de Países No Alineados. El objetivo declarado es exigir una condena formal al Gobierno de Estados Unidos y establecer responsabilidades por el uso de la fuerza contra un Estado soberano.
Desde Washington, Trump defendió la operación señalando que su administración no permitirá que lo que denominó un “régimen hostil” continúe operando. En sus mensajes públicos, reiteró acusaciones previas contra las autoridades venezolanas, a quienes calificó como responsables de actividades criminales transnacionales. Sin embargo, estas imputaciones no fueron acompañadas de evidencias verificables ni de resoluciones judiciales internacionales que las respalden.
El ataque militar se produce tras una escalada sostenida de presión política, económica y naval. El 16 de diciembre, Trump anunció un “bloqueo total y completo” a los petroleros que transporten crudo venezolano, argumentando que Venezuela habría “robado” activos a Estados Unidos. Esa afirmación fue rechazada por Caracas, que recordó que los recursos energéticos se encuentran en territorio venezolano y son propiedad del Estado conforme a su legislación interna y al derecho internacional.
En agosto del año pasado, Estados Unidos había incrementado su presencia militar en el Caribe bajo el pretexto de operaciones antidrogas. Ese despliegue fue presentado como una acción de seguridad regional, pero desde Venezuela se advirtió que se trataba de una preparación para una intervención directa. Con el paso de los meses, las maniobras navales y aéreas se intensificaron, configurando un cerco militar progresivo.
Uno de los episodios más controvertidos ocurrió semanas antes del bombardeo, cuando fuerzas estadounidenses interceptaron un buque tanquero que transportaba petróleo venezolano cerca de sus costas. La carga fue confiscada y trasladada bajo custodia militar. Trump declaró entonces que el crudo sería retenido por Estados Unidos. El Gobierno venezolano denunció el hecho como un acto de piratería internacional y lo elevó formalmente ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Las autoridades venezolanas sostienen que el trasfondo de la ofensiva es el control de recursos estratégicos, especialmente petróleo y minerales. En comunicados oficiales, el Ejecutivo afirmó que la narrativa del narcotráfico ha sido utilizada como justificación para una operación cuyo objetivo real es forzar un cambio de gobierno y apropiarse de activos energéticos.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que las declaraciones de Trump expresan de manera explícita una pretensión colonial, al reclamar como propios recursos ubicados en territorio venezolano. Según el Gobierno, estas expresiones confirman que la presión económica, el bloqueo naval y finalmente el ataque armado forman parte de una misma estrategia.
Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que la escalada militar estadounidense tiene implicaciones que trascienden a Venezuela. Señaló que la inestabilidad generada por una intervención armada en un país con grandes reservas energéticas puede afectar el equilibrio del mercado energético internacional y aumentar los riesgos de confrontación regional.
Mientras tanto, la situación interna en Venezuela se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades no han difundido detalles operativos sobre el paradero del presidente Nicolás Maduro, limitándose a confirmar que se han activado todos los mecanismos constitucionales y de defensa nacional. La información sobre víctimas o daños materiales sigue siendo evaluada por organismos oficiales.
Organismos internacionales y gobiernos de distintos países comenzaron a solicitar información adicional y a expresar preocupación por los acontecimientos. Hasta el cierre de esta nota, no se había anunciado ninguna resolución oficial del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque se esperaba una sesión de emergencia para tratar el caso.
El ataque y las declaraciones de Trump marcan un punto de quiebre en la relación entre ambos países. Por primera vez, un presidente estadounidense reconoció abiertamente la captura de un mandatario extranjero en ejercicio como resultado de una operación militar directa. Este hecho, sin precedentes recientes en la región, abre un escenario de alta tensión diplomática y militar.
La población venezolana enfrenta horas de incertidumbre. En distintas ciudades se registraron concentraciones espontáneas, llamados a la calma y operativos de resguardo de infraestructura crítica. Las autoridades reiteraron que cualquier información oficial será comunicada a través de canales institucionales y pidieron evitar la difusión de rumores.