Más de un centenar de personalidades y organizaciones de América Latina y el Caribe repudian la decisión del Gobierno boliviano de suspender vínculos con la República Árabe Saharaui Democrática y exigen rectificación inmediata.
La decisión del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de interrumpir relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) provocó una reacción inmediata fuera y dentro del país. Un pronunciamiento respaldado por más de cien firmas —entre asociaciones, comités de solidaridad, académicos y dirigentes sociales de catorce países— circula desde esta semana rechazando la medida y exigiendo su reconsideración.
El documento recuerda que Bolivia reconoció oficialmente a la RASD en 1982, durante la presidencia de Hernán Siles Suazo, tras la recuperación democrática. Posteriormente, bajo el mandato de Jaime Paz Zamora, se formalizaron relaciones diplomáticas plenas. “Ese reconocimiento es un acto soberano del Estado boliviano y no puede borrarse por una decisión administrativa”, señala el texto difundido por redes internacionales.
La ruptura implica el cierre de la representación diplomática y afecta acuerdos construidos durante más de tres décadas. Para las organizaciones firmantes, la medida “contradice los principios constitucionales y la tradición histórica de Bolivia en defensa de la autodeterminación de los pueblos”.
Desde la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO), espacio del que Bolivia forma parte, se anunció una agenda de acciones públicas para demandar el restablecimiento de los vínculos. “Se vulnera el derecho internacional y se debilita la posición latinoamericana frente a los procesos de descolonización pendientes”, afirma la declaración.
El expresidente Evo Morales calificó la medida como “una acción que contradice los principios de nuestra Constitución y nuestra tradición anticolonial”. En un mensaje público sostuvo que la suspensión “desconoce el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su destino”.
Las organizaciones recuerdan que el conflicto en el Sáhara Occidental es considerado por múltiples resoluciones de Naciones Unidas como un proceso de descolonización inconcluso. “Avalar la ocupación de facto ejercida por el Reino de Marruecos sienta un precedente contrario al derecho internacional”, se lee en el pronunciamiento, que cita la Carta de la ONU y la Resolución 1514 (XV) sobre descolonización.
Los firmantes insisten en que la causa saharaui ha sido respaldada históricamente por gobiernos latinoamericanos de distintas corrientes políticas. “Bolivia no puede apartarse de su posición soberana ni abandonar su compromiso con la autodeterminación”, concluye el texto colectivo, mientras continúan sumándose adhesiones a nivel regional.