La tensión crece en el contexto de las elecciones judiciales 2024 en Bolivia.
Cuatro candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) instalaron una huelga de hambre en las puertas del Tribunal Departamental de Justicia de Trinidad, protestando por su exclusión del proceso electoral.
Estos profesionales, marginados por una sentencia de la Sala Constitucional Tercera que declaró desiertas las elecciones en Beni y Pando para el TSJ, y en cinco departamentos para el TCP, exigen que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revierta esta decisión.
Argumentan que la medida vulnera derechos fundamentales, tanto de los candidatos como del electorado.Norka Díaz, una de los aspirantes afectados, denunció que esta exclusión constituye una discriminación hacia los postulantes y un atentado contra el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades judiciales.
“Estamos ante una situación que vulnera la democracia. Si se llevan a cabo elecciones parciales, se fragmentará el sistema judicial, generando elecciones escalonadas en los próximos seis años”, afirmó Díaz.
Repercusiones y postura del TSE
La exclusión de candidatos plantea una serie de problemas estructurales. Si las elecciones se realizan parcialmente, como está previsto para el 15 de diciembre, los mandatos de los magistrados podrían no coincidir, generando un calendario irregular y dificultades para la gestión judicial en los próximos años.
El TSE, sin embargo, ha decidido mantener la fecha programada para los cómics parciales, argumentando que actúa en el marco de la normativa vigente.
Esta postura ha generado críticas de diversos sectores, que exigen soluciones inmediatas para garantizar un proceso electoral equitativo.
Los candidatos que tomaron la extrema medida son; Norka Díaz Morales, Armando Urioste Viera, Mirna Vásquez Nosa del Tribunal Supremo, y Mariana Montenegro Áñez, del Tribunal Constitucional.
Un contexto de desafíos Estructurales
las elecciones judiciales de este año enfrentan un entorno cargado de controversias.
Desde el inicio del proceso, el sistema de preselección de candidatos ha sido objeto de cuestionamientos por presunta politización y falta de transparencia.
Este escenario ha provocado un aumento de la desconfianza ciudadana en el sistema judicial y electoral del país.Además, las recientes movilizaciones en varias ciudades de Bolivia reflejan el descontento social ante lo que se percibe como un debilitamiento de la institucionalidad democrática. Organizaciones civiles y expertos legales han advertido que la judicialización excesiva del proceso electoral podría comprometer aún más la independencia.
El futuro de las elecciones judiciales
El TSE, por su parte, enfrenta la presión de garantizar elecciones inclusivas y justas en un contexto adverso. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo las disputas legales y políticas afectan uno de los pilares fundamentales de la democracia.
