Actualmente, siete magistrados titulares y un número similar de suplentes permanecen en sus cargos a pesar de que su mandato concluyó oficialmente en diciembre de 2023.
Los magistrados recientemente posesionados definirán el futuro de los magistrados autoprorrogados, cuyo mandato concluyó en diciembre de 2023. El tema será analizado en la primera sala plena programada para este lunes 6 de enero en Sucre.
“Hemos decidido que en la primera sala plena del lunes en Sucre vamos a analizar como cuerpo colegiado y adoptar una decisión institucional”, afirmó Romer Saucedo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en declaraciones a los medios.
Boris Arias, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), también confirmó que el tema será debatido en sala plena, mientras que Primo Martínez, del TSJ, reiteró su postura de que no es viable trabajar con magistrados autoprorrogados.
Un escenario atípico en la justicia boliviana
Actualmente, siete magistrados titulares y un número similar de suplentes permanecen en sus cargos a pesar de que su mandato concluyó oficialmente en diciembre de 2023. Esta situación afecta a cinco magistrados del TCP y cuatro del TSJ, en jurisdicciones donde no se realizaron elecciones el pasado 15 de diciembre debido a diversas circunstancias.
La coexistencia entre las nuevas autoridades judiciales y los autoprorrogados plantea un desafío para el funcionamiento de los órganos de justicia. En este contexto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, sugirió recientemente que los magistrados suplentes de los nuevos electos asuman temporalmente los espacios ocupados por los autoprorrogados, hasta que se realicen elecciones complementarias.
Primer desafío para los nuevos magistrados
El debate del lunes podría marcar una postura institucional clave para resolver este impasse y garantizar el normal funcionamiento del sistema judicial. La decisión que se tome en las salas plenas del TCP y el TSJ será crucial no solo para las autoridades judiciales, sino también para restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia boliviano.