Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecen ante juez federal estadounidense tras su secuestro en Caracas, mientras Venezuela denuncia violación a su soberanía y agresión militar de EE.UU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, fue trasladado este lunes al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se realizará su primera audiencia judicial en Estados Unidos. La acción se produce luego de su secuestro en Caracas el pasado sábado, un hecho que el Gobierno venezolano calificó como un secuestro violento y una agresión a la soberanía del país.
La audiencia será presidida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien verificará la identidad de los acusados, leerá formalmente los cargos y determinará las condiciones de su detención. Según los protocolos judiciales estadounidenses, los acusados permanecerán en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, al que fueron trasladados el sábado por la noche. Este centro es el mismo donde se mantienen a personas bajo custodia federal mientras se tramitan sus procesos legales.
El Gobierno venezolano denunció que la detención se produjo en el marco de un ataque militar estadounidense que involucró bombardeos sobre Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Las autoridades calificaron la acción como una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, que establece el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica entre Estados y la prohibición del uso de la fuerza en conflictos internacionales.
Desde Caracas, se informó que no existen pruebas que vinculen a Maduro o Flores con actividades de narcotráfico. En cambio, se sostuvo que la operación de EE.UU. estaría motivada por intereses estratégicos sobre los recursos petroleros venezolanos. El Gobierno estadounidense, en declaraciones públicas de figuras como Donald Trump, ha expresado su intención de controlar la explotación de los hidrocarburos venezolanos, un argumento que las autoridades venezolanas han utilizado para denunciar la intervención como ilegítima.
Organismos internacionales y expertos en derecho internacional consultados por medios oficiales venezolanos subrayaron que cualquier acción militar o detención extraterritorial sin consentimiento del Estado afectado constituye un acto que incumple normas internacionales.