PRESENTAN MÁS DOCUMENTOS SOBRE EL FRAUDE DE LOS PREDIOS DEL MERCADO CAMPESINO

Mar 9, 2025

Los bienes involucrados en la transacción no solo pertenecen al municipio, sino que también pertenecen a la Gobernación del Beni

El jurista Hans Soruco Suárez, abogado de la concejala Bettsy Ortiz, denunció presuntas irregularidades en la transacción de los predios del Mercado Campesino. Según el abogado, el exalcalde Moisés Shriqui Vejarano habría realizado una transferencia de manera arbitraria y sin respaldo legal en favor de Ana María Ribera Gutiérrez vda. de Justiniano.

Soruco Suárez explicó que el exalcalde firmó un contrato de conciliación, transacción y compensación sin contar con una ley aprobada por el Congreso ni con una ordenanza municipal que respaldara la operación. Soruco enfatizó que el contrato es nulo de pleno derecho, ya que nunca tuvo validez jurídica.

El abogado señaló que los bienes involucrados en la transacción no solo pertenecen al municipio, sino que también pertenecen a la Gobernación del Beni.

Recordó que los bienes del Estado son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y mencionó que tanto los vocales constitucionales Charles Mejía y Marco Justiniano como los concejales municipales de Trinidad tienen conocimiento de la situación.

Según Soruco, estarían impulsando de manera irregular una ley municipal para expropiar los predios en favor de Juan Sebastián Paz Quaino, a quien calificó como un tercero ajeno a la comunidad.

El abogado anunció que presentará una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura y la Dirección Nacional de Derechos Reales, con el objetivo de que se realice una auditoría jurídica y se intervengan las matrículas supuestamente registradas a nombre de Ana María Ribera Gutiérrez vda. de Justiniano.

Soruco manifestó que el 23 de agosto de 2001, Moisés Shriqui y su director jurídico, Mauricio Shriqui Arteaga, firmaron un contrato administrativo de transferencia del inmueble donde operaban el Mercado Campesino, la Escuela «Elsa Henrich vda. de Melgar» y la Empresa de Fomento a la Pesca (EMFOPESCOR), mediante un proceso fraudulento, ya que Ana María Ribera Gutiérrez vda. de Justiniano residía en Suecia por más de 45 años y no habría otorgado el supuesto poder que permitió la transacción.

La concejala Bettsy Ortiz agradeció el respaldo de su abogado y denunció que enfrenta una multa diaria por negarse a aprobar la ley de expropiación en el Concejo Municipal de Trinidad.

«Estoy luchando por la legalidad y la defensa de los bienes municipales, pese a las presiones que estoy recibiendo», afirmó Ortiz.