La Policía Boliviana ordenó el cierre definitivo de las Comisarías de Tránsito y la entrega inmediata de bienes institucionales, como parte de una ofensiva directa para frenar cobros indebidos en controles viales.
La Policía Boliviana ejecuta una decisión institucional contundente: cerrar de forma completa y simultánea todas las Divisiones de Comisaría de Tránsito a nivel nacional. La instrucción se formalizó mediante un memorándum dirigido a la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, en el que se exige detener operaciones de inmediato y proceder a la entrega de equipos, mobiliario y otros activos inventariados.
El memorándum circuló pocas horas después del cambio del Alto Mando policial. El general Mirko Sokol, recién posesionado como Comandante General, anunció en su primer discurso que no permitirá cobros arbitrarios a la población en ninguna instancia de la Policía. La medida contra las Comisarías de Tránsito se convierte así en su primera acción concreta orientada a eliminar espacios donde se denunciaban prácticas irregulares en controles y trámites vehiculares.
El documento oficial establece que todas las actividades operativas y administrativas deben concluir dentro del mismo día en que se recibió la instrucción. Las unidades deberán elaborar inventarios minuciosos de los bienes asignados y entregarlos a la dependencia administrativa competente, garantizando el resguardo de los recursos públicos.
Asimismo, se ordena que el personal policial y administrativo destinado a las Comisarías de Tránsito se presente de inmediato ante los departamentos de recursos humanos de cada jurisdicción para recibir nuevas instrucciones. Su reasignación será definida por la Dirección Departamental de Tránsito, lo cual implica una redistribución del contingente hacia otras áreas operativas dentro de la institución.
En su mensaje inicial, Sokol reiteró que ningún efectivo podrá exigir dinero a la ciudadanía ni aceptar pagos irregulares bajo ninguna circunstancia. Advirtió que la Policía desplegará mecanismos estrictos de control para evitar la repetición de conductas que dañan la credibilidad institucional y afectan directamente a los usuarios del transporte.
Altos mandos policiales expresaron que la medida pretende cortar de raíz los puntos donde históricamente se registraron denuncias de cobros indebidos en vías públicas y trámites vinculados a vehículos. La decisión deja sin funcionamiento a todas las Comisarías de Tránsito, figura que durante años operó como instancia de control y regulación, pero también generó quejas ciudadanas recurrentes.