El ministro de Gobierno denunció que los bloqueos impulsados por el evismo buscan desestabilizar el país con dinamita, heridos y secuestros.
Con tono firme y preocupación visible, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció este martes que las recientes movilizaciones protagonizadas por sectores afines a Evo Morales están lejos de ser pacíficas. Por el contrario, afirmó que se trata de acciones violentas con fines claramente políticos: imponer una candidatura inhabilitada y obstaculizar las elecciones del próximo 17 de agosto.
“La intención de estos bloqueos es clara: generar caos, atentar contra el orden constitucional y buscar por la fuerza lo que no han podido lograr democráticamente. No vamos a permitir que la violencia reemplace el voto”, expresó Ríos en conferencia de prensa, tras una jornada marcada por severos enfrentamientos, sobre todo en el departamento de Cochabamba.
Durante los disturbios se registraron 13 efectivos policiales heridos, varios de ellos con contusiones provocadas por explosivos artesanales y proyectiles lanzados por los manifestantes. Según Ríos, los bloqueadores utilizaron dinamita, petardos y piedras, convirtiendo las carreteras en campos de batalla.
Además de los heridos, las autoridades reportaron la aprehensión de 15 personas vinculadas a estas protestas, quienes enfrentan cargos por atentado contra la seguridad del Estado, destrucción de bienes públicos y resistencia a la autoridad. “Estos actos no se enmarcan en un reclamo social legítimo. Son parte de una estrategia para sabotear el proceso electoral”, sostuvo el ministro.
Uno de los episodios más alarmantes de la jornada fue el secuestro de una mujer policía en plena labor de control en una de las rutas bloqueadas. “La oficial fue retenida por manifestantes, trasladada contra su voluntad y agredida. Tras un operativo inmediato, logramos su rescate. Actualmente está siendo atendida médicamente”, confirmó Ríos.
En respuesta a estos hechos, el Gobierno ha solicitado al Ministerio Público que actúe con celeridad y aplique sanciones ejemplares contra los autores materiales e intelectuales de estos actos. “Ninguna persona o grupo puede estar por encima de la ley. Vamos a hacer cumplir las normas con todo el peso del Estado”, enfatizó.
A la par de estas declaraciones, el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, reveló cifras alarmantes sobre el material explosivo incautado en los últimos días. Entre el 20 de mayo y esta semana, en operativos realizados principalmente en el departamento de La Paz, se decomisaron más de 41.000 fulminantes, 777 cartuchos de dinamita, 555 explosivos preparados con mecha y más de 500 metros de mecha lenta.
“Estamos hablando de un arsenal que no tiene ninguna relación con protestas ciudadanas. Es material destinado a generar miedo y confrontación. Lo preocupante es que esto podría haber sido utilizado en diferentes puntos de bloqueo”, explicó Russo.
Las acciones violentas comienzan a tener impacto en la vida cotidiana de los bolivianos. Algunas rutas troncales permanecen cortadas, dificultando el tránsito de mercancías y personas, y generando temor entre los habitantes de las zonas afectadas. Comerciantes y transportistas han expresado su preocupación por posibles desabastecimientos si el conflicto se prolonga.
Ríos reiteró que las elecciones generales se realizarán en la fecha prevista y que el Gobierno no permitirá ningún intento de boicot. “La democracia debe seguir su curso. No se puede condicionar un proceso electoral con explosivos ni con agresiones”, insistió.
La tensión social sigue en aumento mientras se mantiene la polarización política. Desde distintos sectores de la sociedad civil se han elevado voces exigiendo al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio Público actuar con firmeza para evitar que se repitan escenarios de violencia como los vividos en años anteriores.
El Ejecutivo ha reforzado el despliegue de efectivos en los puntos más conflictivos y evalúa nuevas medidas para garantizar la libre circulación y la seguridad ciudadana. “Vamos a defender la estabilidad democrática con la ley en la mano. Los bloqueos violentos no pueden convertirse en herramientas de presión política”, sentenció Ríos.
