El Gobierno despliega a la Policía en el norte de Potosí tras violentos disturbios provocados por grupos afines al “evismo”. Más de 50 heridos, saqueos y caos marcaron la víspera.
La calma volvió a medias a Llallagua, en el norte de Potosí, luego de que un operativo policial de gran escala fuera desplegado este miércoles para levantar los bloqueos instalados por grupos radicales del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS). El operativo se ejecutó un día después de una jornada caótica, donde la violencia se impuso sin que la población tuviera respaldo institucional.
Más de cincuenta personas resultaron heridas y se denunciaron saqueos, uso de explosivos y cortes de servicios básicos durante los enfrentamientos entre los bloqueadores y los vecinos del municipio minero. Según medios locales, el martes fue una jornada de miedo y desesperación. La población, sin presencia de seguridad, se organizó para defenderse como pudo.
“Nos sentimos abandonados. Solo nos quedó protegernos entre nosotros, porque ni la Policía ni nadie vino a ayudarnos”, relató un poblador de Llallagua a una emisora local.
La respuesta oficial llegó 24 horas después, cuando la Policía Boliviana desplegó más de diez patrullas y seis buses repletos de uniformados, enviados desde La Paz, Oruro y Potosí. La misión: desbloquear la carretera Huanuni-Llallagua y garantizar la circulación hacia el norte del departamento.
“El objetivo es restituir el orden, restablecer la libre transitabilidad y brindar tranquilidad a la población”, declaró el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, en una entrevista con medios estatales.
Según la autoridad, durante la intervención se hallaron varios promontorios de tierra y piedras que obstaculizaban la vía, aunque en algunos tramos no se detectó presencia de bloqueadores. Sin embargo, Aguilera alertó que podrían registrarse nuevos focos de enfrentamiento en sectores estratégicos como El Golfo, kilómetro 60 y Aguas Calientes.
El informe oficial también reveló que entre los responsables de los actos violentos figuran Raúl A. y Vidal M., dos individuos con antecedentes judiciales que, según el Ministerio de Gobierno, habrían encabezado las agresiones del martes.
La situación en Llallagua es parte de un conflicto mayor que enfrenta a facciones del oficialismo boliviano. Las protestas “evistas”, que han incluido bloqueos en puntos neurálgicos como la carretera Jaime Mendoza, buscan presionar al Gobierno de Luis Arce, en una pugna interna por el control político rumbo a las elecciones de 2025.
A pesar del operativo de desbloqueo, al menos cinco puntos permanecen cerrados en la ruta que une Potosí con Sucre y Oruro. La Policía anunció vigilancia permanente para evitar el retorno de los bloqueadores.
“Lo que sucedió en Llallagua no puede repetirse. No podemos tolerar que la ciudadanía quede desamparada frente a grupos violentos que usan explosivos como si fueran pancartas”, advirtió Aguilera, al denunciar que los movilizados recurrieron a dinamita para amedrentar a los vecinos.
Durante la jornada de violencia, se denunciaron ataques a viviendas, saqueos a negocios y cortes de electricidad y agua potable, afectando a cientos de familias. La indignación de la población es palpable, así como el reclamo por una respuesta más rápida y firme del Estado.
Este miércoles, mientras los uniformados despejaban las rutas, los habitantes comenzaban a limpiar las calles y recoger los escombros de una noche que dejó marcas profundas. El miedo persiste, pero también la exigencia de justicia.
“Ya no queremos más bloqueos, más violencia. Que el Gobierno actúe antes, no después de que todo se salga de control”, señaló una comerciante en medio del polvo y los restos de piedras esparcidos en la vía.
