El exministro de Gobierno del régimen de Áñez ya no está bajo custodia federal y su paradero genera incertidumbre. Bolivia insiste en su retorno para que rinda cuentas ante la justicia.
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, condenado por corrupción en Estados Unidos, ya no se encuentra bajo custodia del sistema penitenciario federal de ese país. Así lo confirma un reporte oficial de la Oficina Federal de Prisiones, lo que ha generado múltiples reacciones en Bolivia y ha intensificado los llamados a concretar su extradición.
Murillo, quien fuera figura central durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, fue sentenciado el 4 de enero de 2023 a 70 meses de prisión por los delitos de soborno y lavado de dinero.
Su condena se relacionó directamente con la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante su gestión, en un esquema de corrupción que involucró el pago de comisiones ilegales a funcionarios del Estado boliviano.
Sin embargo, tras permanecer recluido poco más de dos años en el Centro de Detención Federal de Miami, Florida, el exministro fue liberado el pasado viernes.
Murillo estaría portando un grillete electrónico, pero su ubicación no ha sido revelada por las autoridades estadounidenses.
La incertidumbre creció cuando el abogado y activista de derechos humanos Thomas Becker, conocido por su labor en la defensa de las víctimas de Sacaba y Senkata, alertó en redes sociales que Murillo había sido liberado el 20 de junio.
“En este momento no sabemos su paradero, aunque lo más probable es que se encuentre en un centro de detención de migrantes”, escribió.
Desde el Gobierno boliviano, sin embargo, se aclaró que aún no se ha confirmado si Murillo fue trasladado a un centro de migración. Esta situación no afecta, según precisaron fuentes oficiales, el proceso de extradición impulsado por la Procuraduría General del Estado.
“La Procuraduría ya ha estado manifestando cuáles son todas las resoluciones y solicitudes que han presentado al gobierno norteamericano para que el señor Murillo retorne a nuestro país y responda ante la justicia”, señaló la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
El proceso judicial en Bolivia contra Murillo está ligado a múltiples denuncias por corrupción y violaciones a los derechos humanos durante su gestión como ministro. Su nombre se encuentra asociado no solo a la compra irregular de material antidisturbios, sino también a los hechos de violencia que marcaron la transición política entre 2019 y 2020.
El acuerdo judicial que Murillo suscribió con el Departamento de Justicia de Estados Unidos le permitió reducir considerablemente su tiempo de prisión.
