Con una rentabilidad del 4,33% y un crecimiento sostenido de los fondos previsionales, la administración estatal consolida la confianza en el Sistema Integral de Pensiones, mientras activa mecanismos legales para recuperar inversiones heredadas de las AFP en el banco intervenido.
El futuro de las pensiones en Bolivia da señales positivas. La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, responsable de administrar el ahorro de los trabajadores para su jubilación, ha conseguido en poco más de dos años mejorar significativamente el rendimiento y volumen del fondo previsional, consolidando así una gestión eficiente y con resultados tangibles.
Según el informe oficial presentado por el gerente general de la entidad, Jaime Durán, al 30 de junio de 2025 el fondo del Sistema Integral de Pensiones (SIP) alcanzó los Bs 196.519 millones, equivalentes a más de 28.467 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento del 19% respecto a lo heredado de las extintas AFP en mayo de 2023, cuando el fondo sumaba Bs 164.969 millones.
El dato más destacable, sin embargo, es el rendimiento de las inversiones, que llegó al 4,33%, muy por encima del 2,7% registrado en la etapa final de las AFP. Esta mejora implica que los ahorros de los trabajadores crecen más rápido, lo que, en la práctica, mejorará las pensiones futuras.
“Una mayor rentabilidad significa más recursos para los jubilados. Esto demuestra que se puede administrar los fondos previsionales con responsabilidad y visión de largo plazo”, afirmó Durán en conferencia de prensa, subrayando la importancia de mantener la estabilidad del sistema.
EL CASO FASSIL: UNA HERENCIA DE RIESGO
No obstante, uno de los desafíos más visibles de esta gestión es la recuperación de recursos que fueron invertidos por las AFP en el intervenido Banco Fassil, cuyo colapso fue uno de los mayores escándalos financieros del país.
Durán explicó que las AFP colocaron, antes de su salida, un total de Bs 10.458 millones en depósitos a plazo fijo (DPF) y cuentas de ahorro en esa entidad. De ese monto, Bs 1.800 millones ya fueron recuperados, gracias a la liquidez disponible en cajas de ahorro y la expiración de algunos DPF.
“La recuperación del resto de los recursos dependerá del vencimiento de los contratos. Estos son instrumentos a plazo fijo y se irán restituyendo conforme se cumplan los términos establecidos en su momento”, detalló el gerente.
Para garantizar la recuperación, se cuenta con dos garantías importantes: por un lado, la cartera crediticia del ex Banco Fassil, que ahora está bajo administración de nueve bancos del sistema financiero nacional y tiene un valor de Bs 3.022 millones; por otro, un fideicomiso con el Banco Unión, que respalda parte de los recursos por Bs 5.019 millones.
Adicionalmente, hay un monto estimado de Bs 200 millones que está en proceso judicial, y se están realizando las acciones legales correspondientes para lograr su restitución total. “La recuperación de esos recursos está en marcha. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad para que cada boliviano recupere su dinero”, afirmó Durán.
LA GESTIÓN ESTATAL, BAJO LA LUPA
La transición del manejo privado al público no ha estado exenta de cuestionamientos, pero los resultados obtenidos por la Gestora Pública empiezan a revertir el escepticismo. Desde mayo de 2023, la entidad asumió por completo la administración de los aportes laborales, reemplazando a las dos AFP privadas que operaban en Bolivia.
Durán insistió en que el manejo actual del SIP cumple estrictamente con lo establecido en la Ley de Pensiones 065 y la Constitución Política del Estado, que declaran a los fondos de pensiones indivisibles, imprescriptibles e inafectables por medidas judiciales o administrativas.
Recordó también que la Autoridad de Fiscalización de Pensiones (APS) conocía y autorizaba las inversiones realizadas por las AFP en entidades como Fassil, amparadas por las calificaciones de riesgo que en su momento tenía el banco.
“Las inversiones eran legales, contaban con respaldo normativo y fueron avaladas por los entes reguladores. Lo que hacemos hoy es asegurar que esos recursos vuelvan al SIP”, explicó.
PERSPECTIVAS POSITIVAS
Con una mejor rentabilidad, más transparencia y acciones concretas para recuperar los recursos invertidos, la Gestora Pública comienza a consolidar un modelo de gestión más autónomo y orientado a resultados. “Estamos demostrando que el Estado puede administrar los fondos de pensiones de manera técnica, eficiente y segura”, sostuvo Durán.