Decisión judicial responde a solicitud de la Defensoría del Pueblo para frenar exploración en Tarija mientras se recaba información técnica, se convoca a audiencias públicas y se garantiza participación comunidades
El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos resolvió aceptar las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo y ordenó la suspensión provisional del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3, ubicado en el bloque San Telmo Norte. La determinación fue comunicada oficialmente por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien explicó que la paralización se mantendrá vigente hasta que se reúna información suficiente para adoptar una decisión definitiva.
El pozo se encuentra en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, una zona cercana a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, área considerada estratégica por su biodiversidad y por ser fuente de agua para numerosas comunidades. La medida judicial busca prevenir posibles afectaciones ambientales mientras se revisan los antecedentes técnicos y legales del proyecto.
Callisaya informó que una de las principales disposiciones del juzgado es la realización de una audiencia de inspección técnica programada para el 9 de febrero de 2026. En ese espacio, las partes involucradas deberán presentar informes y evidencias sobre el impacto de la exploración, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
Además, se convocó a una audiencia pública para el 13 de febrero de 2026, instancia que permitirá escuchar a autoridades, representantes de la empresa, organizaciones sociales y pobladores de la región. Según el defensor, estos encuentros servirán para evaluar de manera integral los aspectos ambientales, técnicos y procedimentales antes de emitir una resolución final.
El juzgado también dispuso la incorporación de la empresa Petrobras como sujeto procesal necesario, junto con la notificación a las autoridades demandadas y a terceros interesados. De esta manera, se busca garantizar el debido proceso y la participación de todos los actores involucrados en el conflicto.
De forma complementaria, la autoridad judicial solicitó a la Defensoría del Pueblo información sobre defensoras y defensores de derechos humanos en temas ambientales, con el fin de considerar posibles medidas de protección específicas para quienes realizan seguimiento al caso.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la protección preventiva de los derechos humanos, del medio ambiente y del debido proceso”, manifestó Callisaya al referirse a la actuación institucional.