La justicia boliviana dispuso 120 días de detención preventiva para el magistrado acusado en una investigación por sustancias controladas, tras evidencias reunidas en galpón ligado a su patrimonio, informan fuentes oficiales.
La autoridad judicial que decidió sobre las medidas cautelares en contra del juez Hebert Zeballos resolvió que este cumpla 120 días de detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. La decisión fue adoptada en el contexto de una investigación por presunto tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, indicó la Fiscalía General del Estado en su informe oficial.
Los hechos que motivan el proceso judicial se remontan al 20 de enero, cuando la Fiscalía de Sustancias Controladas llevó a cabo un allanamiento en varias instalaciones de la empresa Ebose S.R.L., entre ellas un galpón que, según registros oficiales, pertenece a Zeballos. En ese lugar, los peritos encontraron casi 80 kilos de marihuana en presentaciones sólidas y líquidas, así como armas de fuego, agregaron las fuentes fiscales.
Durante la audiencia de medidas, Zeballos compareció en compañía de su defensor, abogado Diego Coímbra, y bajo un destacamento policial que custodiaba el ingreso al Palacio de Justicia. La Fiscalía había solicitado inicialmente 180 días de detención preventiva, basando su pedido en el conjunto de indicios recabados durante la inspección y análisis de documentación vinculada al inmueble.
El equipo de defensa rechazó la imputación, señalando que no se cuenta con pruebas directas que acrediten la participación del juez en la supuesta red de tráfico, y que la detención de su cliente se ejecutó con vicios procesales. No obstante, el juez de la causa consideró que los elementos presentados por la Fiscalía —como registros de propiedad, cadenas de custodia de evidencia y peritajes preliminares— son suficientes para justificar la reclusión preventiva mientras continúa la investigación.
Autoridades judiciales y fiscales solicitaron a los órganos competentes acelerar los peritajes técnicos que permitirán determinar responsabilidades y aclarar el vínculo entre los bienes asegurados y las personas implicadas, asegurando transparencia en cada etapa del proceso.