El caso que estremeció al país por el ingreso irregular de equipaje extranjero pierde fuerza con el paso de los días, mientras crecen contradicciones oficiales, operativos sin resultados y silencio sobre pruebas clave.
La búsqueda de las 32 maletas que ingresaron al país sin revisión oficial atraviesa una etapa de enfriamiento que preocupa incluso dentro de las propias instituciones encargadas del proceso. Lo que al inicio fue presentado como una acción firme contra un posible hecho delictivo de gran escala, hoy avanza sin resultados visibles y con información cada vez más fragmentada.
Fuentes del Ministerio Público y reportes institucionales confirman que, pese a una serie de allanamientos recientes, no se ha logrado establecer el destino final de la totalidad del equipaje ni aclarar de manera completa qué contenían las valijas. Los operativos se concentraron en inmuebles vinculados a personas investigadas, especialmente en Santa Cruz, pero no derivaron en hallazgos determinantes.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, declaró públicamente que la Policía Boliviana y la comisión de fiscales continúan realizando diligencias. Señaló que cualquier actuación necesaria será ejecutada dentro del marco legal, aunque reconoció que los objetos buscados no han sido plenamente recuperados. Sus palabras reflejan una investigación abierta, pero también un proceso que avanza con lentitud.
El caso se remonta a la llegada de un vuelo chárter procedente de Estados Unidos a finales de noviembre de 2025. De acuerdo con informes oficiales, 32 maletas pasaron sin control ni registro por el aeropuerto de Viru Viru. Posteriormente, parte de ese equipaje fue trasladado a una empresa de seguridad privada, donde la Fiscalía reportó el hallazgo de 79 kilos de marihuana y una máquina procesadora de droga.
Por este hecho guardan detención preventiva varias personas, entre ellas el juez Hebert Zeballos, propietario de la empresa de seguridad donde se encontraron sustancias controladas, y la exdiputada Laura Rojas, señalada por su presunta participación en el traslado del equipaje. Las imputaciones se enmarcan en delitos vinculados al narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas, según documentación judicial.
A la par de las actuaciones fiscales, surgieron versiones oficiales que muestran diferencias en la cronología del conocimiento del caso. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su despacho recibió información durante la primera semana de diciembre y que instruyó tareas de inteligencia y verificación a unidades policiales especializadas. Indicó que se mantuvo reserva institucional para no interferir en el trabajo investigativo.