El Gobierno denuncia que el beneficio estatal sobre gasolinas y diésel termina desviado hacia actividades ilícitas, agravando la escasez nacional mientras proyecta esquemas de compensación social para las familias.
El esquema actual de subvención a los hidrocarburos opera como el principal disparador del desabastecimiento en el mercado nacional, según advirtió el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. La autoridad explicó que el subsidio directo aplicado al precio final del carburante estimula prácticas de acaparamiento, reventa e ilícitos fronterizos. Espinoza remarcó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mantiene las importaciones requeridas, pero el volumen ingresado es absorbido por circuitos irregulares: “El gran problema que tenemos hoy día es que la subvención sigue siendo capturada por la oferta (…) genera incentivos para ya sea contrabando, desvío, acumulación, reventa”.
Frente a un eventual ajuste del mecanismo fiscal, el titular del área económica garantizó que toda medida vendrá respaldada por programas de protección dirigidos a los sectores vulnerables. Asimismo, resaltó que el índice inflacionario de julio registró valores negativos, aspecto que mitiga el impacto en el gasto familiar: “La inflación es el peor impuesto para los que menos tienen”.
