GOBIERNO Y COMANDANTE CALLAN ANTE PRESUNTA VENTA DE CARGOS POLICIALES

Jul 28, 2026

Las denuncias sobre una presunta recaudación millonaria para definir la jefatura policial provocaron exigencias de investigación inmediata, mientras el Gobierno y el comandante mantienen silencio frente al caso.

La revelación de un audio atribuido al comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, desató una de las mayores controversias recientes dentro de la institución verde olivo. En la grabación, la autoridad sostiene que un grupo de oficiales identificado como «los Golden» habría reunido 2 millones de dólares con la finalidad de influir en la designación del próximo Comandante General. Las declaraciones generaron una inmediata reacción política y abrieron cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos de ascenso, aunque hasta ahora no existe una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público ni se hicieron públicas pruebas que respalden las afirmaciones.
CRECEN LOS PEDIDOS DE INVESTIGACIÓN
Las afirmaciones atribuidas a Sokol colocaron bajo la lupa el sistema de ascensos dentro de la Policía Boliviana. La denuncia menciona que entre seis y ocho oficiales de alto rango habrían reunido el dinero para favorecer el nombramiento de un coronel en la máxima jefatura institucional.
La magnitud de la acusación provocó que diversas autoridades exigieran que el caso sea trasladado de inmediato a la justicia. El principal cuestionamiento apunta a que, si existen elementos que acrediten la denuncia, éstos debieron ser puestos en conocimiento del Ministerio Público para el inicio de una investigación penal. En sentido contrario, si tales evidencias no existen, también se reclama una explicación sobre el fundamento de las declaraciones realizadas por la máxima autoridad policial.
Hasta el cierre de esta información, ni el comandante Mirko Sokol ni el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, habían ofrecido nuevas explicaciones sobre el contenido del audio ni informado sobre la apertura de investigaciones internas relacionadas con el caso.
VICEPRESIDENTE EXIGE NOMBRES
Uno de los primeros en reaccionar fue el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quien pidió que el comandante identifique públicamente a los oficiales involucrados y formalice la denuncia.
«Aquí no basta con filtrar audios, comandante, aquí hay responsabilidad», manifestó la autoridad, al cuestionar que el caso permanezca únicamente en declaraciones públicas. Lara también emplazó al ministro de Gobierno para que informe si existieron presiones relacionadas con los ascensos policiales y aclaró que corresponde establecer responsabilidades mediante una investigación.
Las declaraciones del vicepresidente marcaron distancia respecto al silencio mantenido por las autoridades responsables de la seguridad interna del país y elevaron la presión para que el caso avance por la vía judicial.
LEGISLADORES RECLAMAN ACTUACIÓN FISCAL
Las repercusiones llegaron también a la Asamblea Legislativa. El jefe de bancada de Libre, Rafael López, sostuvo que la denuncia ya configura un hecho de interés penal y pidió la intervención inmediata del Ministerio Público.
«El general Sokol lo que tiene que hacer es denunciar ante el Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que actuar de oficio sobre este delito que ya ha sido público de cohecho», afirmó.
Desde el Ejecutivo, el vocero presidencial, Gálvez, aseguró que las denuncias serán investigadas. «Claro, absolutamente, al igual que todos los otros temas que son complicados», señaló, aunque no precisó plazos ni el mecanismo mediante el cual se desarrollará esa indagación.
DUDAS SOBRE LA AUTENTICIDAD DEL AUDIO
Mientras algunos sectores demandan una investigación inmediata, otros consideran indispensable verificar primero la autenticidad del material difundido.
El diputado de Alianza Libre, Roger Blanco, afirmó que todavía no existe certeza sobre la veracidad del audio y planteó que cualquiera sea el resultado, debe establecerse responsabilidades.
«La investigación tiene que ser para bien o para mal, o para ver si el audio es real o es falso», sostuvo.
Añadió que, si la grabación fuera falsa, corresponde identificar a quienes la difundieron para afectar la imagen institucional de la Policía. Si, por el contrario, resulta auténtica, deberá esclarecerse la presunta existencia de una estructura dedicada a recaudar dinero para influir en las designaciones.
En la misma línea, el jefe de bancada de Creemos, Rony Justiniano, manifestó que primero debe comprobarse la autenticidad del audio, aunque advirtió que, de confirmarse su contenido, demostraría la permanencia de prácticas irregulares dentro de la institución.
EXDIPUTADOS CUESTIONAN AL GOBIERNO
Las reacciones también llegaron desde exlegisladores.
El exdiputado Anyelo Céspedes pidió investigar no sólo la presunta venta de ascensos, sino también el proceso mediante el cual Mirko Sokol fue designado comandante general.
Por su parte, Tomás Monasterios sostuvo que, de comprobarse la existencia de pagos para acceder a cargos, se estaría frente a una estructura donde determinadas funciones públicas dejarían de responder al servicio institucional.
«Si hay plata de por medio para comprarse espacios, se entiende que esto ya no lo ven como un instrumento de servicio, sino como una herramienta para la captación de recursos. Nadie va a poner plata gratis», declaró.
Monasterios también responsabilizó al presidente Rodrigo Paz por la conducción de la Policía Boliviana y señaló que corresponde al Gobierno ordenar una investigación para esclarecer las denuncias.
ACUSACIONES CRUZADAS
El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, fue más allá y aseguró que el propio comandante también debería responder por denuncias anteriores relacionadas con presuntos hechos de corrupción.
«El general Sokol que no se haga el santo, él igual está metido en los diferentes actos de corrupción», afirmó, al recordar casos que, según indicó, aún permanecen sin aclaración.
Pacheco informó que presentó dos denuncias penales contra el comandante y pidió al Ministerio Público actuar sin preferencias. Además, cuestionó que no existan resultados concretos en la lucha contra la corrupción dentro de la Policía.