Autoridades presentaron en el Foro Económico Mundial propuestas para abrir minas a capital privado, generando alertas sociales por control de recursos, empleo, soberanía, y destino de rentas estratégicas nacionales bolivianas.
En los salones del Foro Económico Mundial de Davos, la delegación boliviana colocó la minería en el centro de su agenda internacional. De acuerdo con informes oficiales difundidos desde Suiza, el canciller Fernando Aramayo y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sostuvieron reuniones con empresarios y autoridades para promover esquemas de inversión público-privada en yacimientos mineros del país. La iniciativa fue presentada como un giro en la política económica, orientado a atraer capital externo y ampliar la participación privada en un sector históricamente sensible.
El mensaje, reiterado en comunicados del Ministerio de Economía y la Cancillería, habló de “modernización”, “valor agregado” y “empleo de calidad”. Sin embargo, puertas adentro, la propuesta implica abrir la explotación de minerales estratégicos a intereses privados extranjeros, bajo contratos que aún no han sido transparentados a la población. La ausencia de detalles sobre plazos, porcentajes de participación y control estatal alimentó cuestionamientos en regiones mineras, donde el recuerdo de anteriores procesos de privatización sigue vigente.
Bolivia es un país cuya economía y tejido social han estado ligados por décadas a la minería. Zinc, plata, estaño y plomo sostienen miles de empleos directos e indirectos. En campamentos y ciudades mineras, familias enteras dependen de un sector que no solo genera divisas, sino identidad y arraigo. Por eso, la noticia de ofertas realizadas en un foro internacional, lejos de los territorios productivos, cayó como una señal de alerta.
Las autoridades aseguraron en Davos que se busca “dejar atrás el extractivismo sin impacto”, según declaraciones oficiales. No obstante, en la práctica, la propuesta abre interrogantes sobre quién captará las ganancias, cómo se garantizará el respeto ambiental y qué ocurrirá con las empresas estatales y cooperativas que hoy operan los centros mineros. La experiencia regional muestra que, sin controles firmes, la promesa de desarrollo suele diluirse en contratos favorables al capital privado.