Ministros de Estado revelaron audios comprometedores, anunciaron acciones legales e internacionales y advirtieron que se está intentando cercar ciudades con fines políticos. Acusan al exmandatario de buscar la anulación de elecciones y de vulnerar derechos fundamentales.
En una conferencia conjunta, los ministros de Gobierno, Roberto Ríos; de Justicia, César Siles; y de la Presidencia, María Nela Prada, denunciaron un plan sistemático de desestabilización impulsado por Evo Morales. Según explicaron, los recientes bloqueos en carreteras, agresiones a personal policial y el uso de explosivos son parte de una estrategia que busca sembrar caos para debilitar al gobierno constitucional y frenar el proceso electoral.
Roberto Ríos reveló un audio que, según dijo, pertenece al exmandatario, en el que este habla de una “batalla final” y da instrucciones para cercar las ciudades. “Esto no es una protesta social; es un intento por dinamitar la democracia desde adentro”, aseveró el titular de Gobierno. Añadió que Morales, inhabilitado constitucionalmente para postularse, estaría utilizando a sus bases para presionar y así forzar su candidatura.
Ríos fue más allá al calificar estas acciones como un atentado contra la economía familiar y la paz social. “¿Bloquear ambulancias y evitar el ingreso de alimentos es defender al pueblo?”, se preguntó. Informó que ya existen más de 26 policías heridos y decenas de cisternas varadas. A pesar de ello, gracias a un operativo especial, 31 cisternas provenientes del Perú lograron ingresar al país.
DELITOS GRAVES Y ACCIÓN PENAL INMINENTE
Por su parte, el ministro de Justicia, César Siles, anunció que se formalizará una denuncia penal contra Evo Morales y otros actores por una serie de delitos de acción pública. La denuncia será presentada por el Centro de Protección a Víctimas (CEPDAVI), institución dependiente de su despacho.
Siles indicó que las acciones violentas de los últimos días se encuadran en delitos como terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentados contra servicios públicos, contra la salud y la libertad de trabajo, entre otros. “No se puede permitir que se vulneren los derechos de los sectores más frágiles: personas enfermas, adultos mayores, niños, pueblos indígenas”, subrayó.
Además, mencionó que el Ministerio de Justicia se constituirá como parte víctima en representación del pueblo boliviano, y destacó que la sentencia constitucional 0721/2024 prohíbe expresamente a Morales obstaculizar la libre locomoción y otros derechos fundamentales.
Siles también confirmó que se incluirá en la denuncia un delito electoral: obstaculización de procesos democráticos, previsto en la Ley 026 del Régimen Electoral. “Morales busca eliminar las elecciones para que otro proceso lo habilite como candidato. Eso es un delito y será sancionado con cárcel e inhabilitación”, recalcó.
ALERTA INTERNACIONAL Y VIGILANCIA JURÍDICA
El ministro de Justicia también advirtió que se han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a las víctimas de los bloqueos. Recalcó que, según el artículo 25 del reglamento de la CIDH, se pueden otorgar medidas contra personas o grupos, no solo contra el Estado. “El pueblo boliviano está plenamente determinado como víctima, y Evo Morales como responsable”, sentenció.
Asimismo, se recordó que las acciones de amedrentamiento denunciadas por autoridades judiciales y electorales también podrían ser elevadas a instancias internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, que podría considerar estos hechos como crímenes de lesa humanidad si persisten.
DEFENSA DE LA VIDA Y GARANTÍA ELECTORAL
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ratificó el compromiso del gobierno con la vida, la institucionalidad y el proceso electoral. Indicó que el presidente Luis Arce ha instruido medidas firmes para preservar el orden y la tranquilidad de la población.
Prada denunció que en los bloqueos se han registrado ataques contra ambulancias y personal médico, lo cual calificó como actos que “ni en tiempos de guerra” son aceptables. “Se ha llegado al extremo de impedir que se salve vidas”, reprochó.
Además, subrayó que el Ejecutivo está actuando con base en la Constitución y las leyes vigentes, y que todos los procedimientos legales —incluidas detenciones— han seguido el debido proceso. “No vamos a permitir que se provoque un enfrentamiento entre bolivianos. No se puede jugar con la vida y el futuro del país por ambiciones personales”, concluyó.
ELECCIONES SE MANTIENEN
Finalmente, los tres ministros coincidieron en asegurar que las elecciones generales del 17 de agosto se realizarán como está previsto. El Estado garantizará los recursos necesarios y, si es preciso, el uso constitucional de la fuerza pública para asegurar el desarrollo del proceso electoral.
Con un mensaje conjunto de firmeza, legalidad y defensa de la democracia, el Gobierno cerró la conferencia instando a la población a no dejarse engañar por discursos que, según señalaron, encubren objetivos antidemocráticos bajo la apariencia de reivindicaciones sociales.
