Las autoridades cubanas alertan que la reciente orden de Washington sobre aranceles a suministros de combustible intensifica un bloqueo que ya afecta gravemente a la población y la economía.
El Gobierno de Cuba rechazó este jueves las medidas adoptadas por Estados Unidos, calificándolas como un “acto de agresión brutal” dirigido contra la isla y sus ciudadanos. La escalada incluye la posibilidad de sanciones a países que suministren petróleo a Cuba, según la orden ejecutiva firmada por la Administración de Donald Trump.
El canciller Bruno Rodríguez explicó que la decisión se basa en denuncias que, a su juicio, distorsionan la realidad cubana. “Se pretende presentar a Cuba como una amenaza inexistente”, afirmó, subrayando que estas políticas buscan prolongar un bloqueo económico que se mantiene desde hace más de seis décadas y que ya ha generado severas dificultades para el abastecimiento de combustibles y otros insumos esenciales.
Rodríguez también criticó la estrategia estadounidense de presionar a terceros países para sumarse al bloqueo mediante amenazas de aranceles y sanciones comerciales. Según él, estas acciones violan principios del libre comercio y representan un intento de ejercer control sobre otros Estados en América Latina.
El vicecanciller cubano Carlos R. Fernández de Cossío acompañó la condena oficial y llamó a la comunidad internacional a prestar atención a esta situación. En su mensaje, alertó sobre las posibles implicaciones globales de la medida, señalando que su efecto trasciende las fronteras de la isla y que abre un precedente que amenaza la soberanía de otros Estados. “Si se acepta esta pretensión, se inicia un capítulo de coerción internacional sin precedentes”, advirtió.
Las autoridades cubanas destacan que la población de la isla ha enfrentado con resiliencia las restricciones impuestas durante décadas, pero advierten que la nueva escalada amenaza empeorar aún más las condiciones de vida. La preocupación se centra no solo en el impacto económico inmediato, sino en la presión que se ejerce sobre los países aliados y sobre la estabilidad regional.
En sus declaraciones, tanto el canciller como el vicecanciller cuestionaron la continuidad de estas políticas y expresaron incertidumbre sobre los pasos futuros de Washington. La pregunta que plantean las autoridades cubanas es clara: “¿Qué vendrá después?” —un interrogante que subraya la tensión entre ambos gobiernos y la preocupación por los efectos humanitarios que podrían derivarse de la medida.