Denuncias por desvío de recursos públicos son rechazadas sin explicación, vulnerando el acceso a la investigación y poniendo en duda la transparencia de quienes deben defender los intereses ciudadanos.
La Asambleísta Departamental Mónica Núñez Vela levantó una fuerte alerta sobre el manejo de casos de corrupción en el Beni. Asegura que el Ministerio Público actúa con evidente negligencia cada vez que se intenta investigar el destino del dinero perteneciente a la población, especialmente en los procesos que involucran a funcionarios de la Gobernación.
Núñez explicó que en julio presentó una denuncia formal contra Alejandro Rivas Sema, señalado como funcionario departamental y beneficiario de un anticipo de casi un millón de bolivianos. Según la información a la que tuvo acceso, hasta hoy esos fondos no han sido descargados en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), lo que constituye un indicio grave de daño económico.
A pesar de la magnitud de la denuncia, hace apenas dos días recibió una notificación de rechazo por parte de la Fiscalía. El argumento, calificado por la Asambleísta como impresentable, fue que no pudieron ubicar al denunciado. Además, cuando solicitó acceso al cuaderno de investigación para conocer el avance del caso, se lo negaron, en un claro acto que bloquea la transparencia de una institución obligada a garantizar el derecho ciudadano a la verdad.
Núñez recordó que el artículo 35 del Manual de Investigación establece que la responsabilidad por fondos en avance recae sobre la Máxima Autoridad Ejecutiva, en este caso el Gobernador del Beni. Sin embargo, los fiscales descartaron la ampliación de la investigación hacia quienes debieron autorizar y supervisar el manejo del dinero, incluyendo a la Secretaría de Finanzas. Esta falta de acción solo profundiza la sospecha de protección a los involucrados.
La legisladora fue directa al señalar incapacidades dentro del Ministerio Público. En su criterio, el fiscal de materia Gonzalo Vásquez no ha mostrado voluntad para esclarecer el uso de los recursos benianos, recursos que podrían cubrir de inmediato salarios adeudados al personal de salud. Cada día que pasa sin respuestas se traduce en perjuicio para quienes esperan servicios esenciales y transparentes.