Tras ser cuestionado sobre las llamadas y acuerdos políticos que facilitaron su elección, la nueva autoridad pidió evitar ataques pagados, lo que desató un reclamo inmediato del gremio periodístico.
La gestión del fiscal general del Estado, Armando Urioste, comenzó con un cruce directo con los medios de comunicación. Durante un contacto con la prensa en Trinidad, cuando una periodista intentó indagar sobre los respaldos parlamentarios que precedieron su llegada al cargo —mencionando contactos con diputados, empresarios o la presidencia—, la autoridad reaccionó pidiendo frenar cualquier intento de deslegitimar sus primeros días en el puesto.
“Luchemos contra las mafias, no permitan que las mafias paguen a medios de prensa para desacreditar el trabajo que está empezando”, aseveró Urioste, lanzando una advertencia sobre presuntos intentos de desprestigio.
EXIGENCIA DE PRUEBAS Y POSTURA LEGISLATIVA
Las declaraciones de la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio Público provocaron una respuesta inmediata del sector periodístico. El presidente de la Asociación de Periodistas, Marco Antonio Curi, rechazó los señalamientos generalizados y demandó que cualquier acusación contra la prensa se sostenga con hechos demostrables.
“Lo que pedimos aquí que los identifique si él sabe quiénes son. Pero no decir nombres así nomás que identifique, con pruebas digamos”, manifestó Curi, tras calificar como lamentable el inicio de la gestión fiscal y recalcar que el trabajo de la gran mayoría de los comunicadores se realiza de forma honrada.
La exigencia de documentación se trasladó también al ámbito legislativo. El diputado Edwin Huiza afirmó que, por tratarse de una alta representación estatal, Urioste debe sustentar sus afirmaciones con papeles en mano. “Como alta autoridad, el fiscal Urioste debe presentar pruebas contra medios”, señaló el parlamentario, al insistir en que “fiscal debe sustentar con documentos sus denuncias” para determinar si corresponde abrir un proceso formal.
Por su parte, la diputada Julieta Jiménez remarcó que las indagaciones no pueden basarse en discursos y que, de existir indicios reales de dinero irregular enviado a las salas de redacción, deben llevarse a las instancias judiciales. “Fiscal Urioste debe probar denuncias contra medios”, sostuvo la parlamentaria, añadiendo que “si hay pruebas, se debe investigar la denuncia del fiscal”.
DESMIENTEN PESQUISAS A PERIODISTAS Y DETALLAN CASO MARIACA
A la par de la polémica por los dichos de Urioste, desde la misma institución se salió a precisar el alcance de los casos heredados de la anterior administración. El fiscal Daniel Portales aclaró que las investigaciones abiertas contra el exfiscal general Róger Mariaca no buscan persecución alguna hacia los medios ni a los trabajadores de la información.
“Informarles a la población en general, pues, de que no se está realizando investigación a periodistas, medios de prensa, como se está preguntando”, precisó Portales. El funcionario enfatizó que las acciones legales se concentran de forma exclusiva en exservidores públicos sospechosos de haber montado esquemas de protección para redes del narcotráfico en periodos pasados.
Sin embargo, los reportes de los servicios de Inteligencia de la Policía revelan detalles sobre presuntos pagos que Mariaca habría realizado a comunicadores para asegurar la difusión continua de sus actividades institucionales durante más de dos años. Los informes señalan que estos montos se entregaban por adelantado —incluso por periodos de un año— o mediante entregas mensuales bajo el formato conocido como “pasanaco”, gestiones que se coordinaban mediante el personal de comunicación de la Fiscalía. Fiscal general denuncia mafias en medios y la prensa exige pruebas inmediatas
Tras ser cuestionado sobre las llamadas y acuerdos políticos que facilitaron su elección, la nueva autoridad pidió evitar ataques pagados, lo que desató un reclamo inmediato del gremio periodístico.
La gestión del fiscal general del Estado, Armando Urioste, comenzó con un cruce directo con los medios de comunicación. Durante un contacto con la prensa, cuando una periodista intentó indagar sobre los respaldos parlamentarios que precedieron su llegada al cargo —mencionando contactos con diputados, empresarios o la presidencia—, la autoridad reaccionó pidiendo frenar cualquier intento de deslegitimar sus primeros días en el puesto.
“Luchemos contra las mafias, no permitan que las mafias paguen a medios de prensa para desacreditar el trabajo que está empezando”, aseveró Urioste, lanzando una advertencia sobre presuntos intentos de desprestigio.
Exigencia de pruebas y postura legislativa
Las declaraciones de la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio Público provocaron una respuesta inmediata del sector periodístico. El presidente de la Asociación de Periodistas, Marco Antonio Curi, rechazó los señalamientos generalizados y demandó que cualquier acusación contra la prensa se sostenga con hechos demostrables.
“Lo que pedimos aquí que los identifique si él sabe quiénes son. Pero no decir nombres así nomás que identifique, con pruebas digamos”, manifestó Curi, tras calificar como lamentable el inicio de la gestión fiscal y recalcar que el trabajo de la gran mayoría de los comunicadores se realiza de forma honrada.
La exigencia de documentación se trasladó también al ámbito legislativo. El diputado Edwin Huiza afirmó que, por tratarse de una alta representación estatal, Urioste debe sustentar sus afirmaciones con papeles en mano. “Como alta autoridad, el fiscal Urioste debe presentar pruebas contra medios”, señaló el parlamentario, al insistir en que “fiscal debe sustentar con documentos sus denuncias” para determinar si corresponde abrir un proceso formal.
Por su parte, la diputada Julieta Jiménez remarcó que las indagaciones no pueden basarse en discursos y que, de existir indicios reales de dinero irregular enviado a las salas de redacción, deben llevarse a las instancias judiciales. “Fiscal Urioste debe probar denuncias contra medios”, sostuvo la parlamentaria, añadiendo que “si hay pruebas, se debe investigar la denuncia del fiscal”.
Desmienten pesquisas a periodistas y detallan caso Mariaca
A la par de la polémica por los dichos de Urioste, desde la misma institución se salió a precisar el alcance de los casos heredados de la anterior administración. El fiscal Daniel Portales aclaró que las investigaciones abiertas contra el exfiscal general Róger Mariaca no buscan persecución alguna hacia los medios ni a los trabajadores de la información.
“Informarles a la población en general, pues, de que no se está realizando investigación a periodistas, medios de prensa, como se está preguntando”, precisó Portales. El funcionario enfatizó que las acciones legales se concentran de forma exclusiva en exservidores públicos sospechosos de haber montado esquemas de protección para redes del narcotráfico en periodos pasados.
Sin embargo, los reportes de los servicios de Inteligencia de la Policía revelan detalles sobre presuntos pagos que Mariaca habría realizado a comunicadores para asegurar la difusión continua de sus actividades institucionales durante más de dos años. Los informes señalan que estos montos se entregaban por adelantado —incluso por periodos de un año— o mediante entregas mensuales bajo el formato conocido como “pasanaco”, gestiones que se coordinaban mediante el personal de comunicación de la Fiscalía.
Entre los elementos recolectados por los investigadores figura una llamada registrada la noche del 30 de septiembre, fecha en que Mariaca fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru junto al exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. En esa conversación, Mariaca se dirigió a un periodista indicándole: “Ya vos recibiste tu pago por adelantado, por favor decile a tus colegas que me apoyen y serán recompensados”.
El informe policial también incluye el rastreo a una vagoneta blanca Toyota 4Runner de último modelo, empleada para trasladar a supuestos comunicadores hacia provincias y otros distritos con viáticos y sueldos asignados. Los agentes captaron imágenes de estos desplazamientos y mantienen abierta una investigación para determinar si la vagoneta pertenece al Estado y si corresponde incautarla para traspasarla a la Fiscalía.
FISCAL ADVIERTE INJERENCIA DE MAFIAS EN MEDIOS Y LA PRENSA EXIGE PRUEBAS
