El exministro de Justicia guarda detención preventiva por cinco meses, en medio de un escándalo que sacude los cimientos del sistema judicial boliviano
Tras una prolongada audiencia que se extendió por más de diez horas, la justicia boliviana ordenó este sábado la detención preventiva del exministro de Justicia, César Siles, en el marco del denominado «caso Consorcio». La medida, que tendrá una duración de cinco meses, deberá ser cumplida en el penal de Patacamaya, en el departamento de La Paz.
La decisión judicial responde a la imputación formal presentada por el Ministerio Público, que el pasado viernes solicitó la detención preventiva de Siles por seis meses, aunque había planteado inicialmente su reclusión en el penal de San Pedro. La autoridad judicial, sin embargo, determinó el traslado del imputado al centro penitenciario de Patacamaya.
El escándalo estalló a mediados de junio, tras la filtración de un audio en el que presuntamente se escucha a César Siles dialogar con el juez de Coroico, Lea Plaza. En la grabación, ambos discuten supuestamente sobre una acción judicial orientada a suspender a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, y favorecer su reemplazo por el magistrado suplente Iván Campero.
Este episodio detonó una serie de detenciones y medidas cautelares que alcanzaron al propio juez Lea Plaza, a la exvocal Claudia Castro, al magistrado suplente Iván Campero, al exvocal Yván Córdova, y al abogado Ramiro Uriarte, todos implicados en la presunta red de manipulación judicial.
El abogado defensor de Siles, Franklin Gutiérrez, aseguró que el audio en cuestión no figura en el cuaderno de investigaciones y que su inexistencia desmorona la base del proceso. «Ese audio no ha sido formalmente introducido en el proceso. Si no existe soporte físico, la acusación pierde fuerza», afirmó el jurista desde instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El detonante jurídico que dio pie al proceso fue una acción de cumplimiento interpuesta el 10 de junio por el ciudadano Óscar Antonio de la Fuente, contra la magistrada Coaquira. Dicha acción, sumada al contenido del audio filtrado, evidenciaría un intento deliberado de alterar la composición del TSJ mediante acuerdos extralegales entre operadores judiciales y autoridades.
El caso Consorcio se convierte así en uno de los escándalos judiciales más graves de los últimos años en Bolivia, con ramificaciones que podrían comprometer la legitimidad institucional del sistema de justicia. Mientras tanto, la detención del exministro sella una nueva etapa en la investigación, que promete develar aún más implicaciones en lo que ya se califica como una red de poder judicial paralelo.
