La falta de diésel y gasolina mantiene en alerta al transporte, al sector productivo, a legisladores y a miles de ciudadanos, mientras crecen las exigencias de respuestas inmediatas.
La escasez de diésel y gasolina continúa generando una creciente presión sobre el Gobierno. Transportistas, dirigentes del sector, legisladores y especialistas coincidieron en que el abastecimiento sigue siendo insuficiente, mientras las filas en estaciones de servicio persisten en diferentes regiones del país y aumentan las voces que advierten sobre el riesgo de un incremento en el precio de los carburantes si no se adoptan medidas estructurales.
El especialista en hidrocarburos Jaime Balanza sostuvo que la administración estatal pasó de una etapa de «negación» a otra de reconocimiento del problema. A su criterio, la principal causa del desabastecimiento es la falta de divisas para financiar la importación de combustibles.
«Estábamos en negación, veo que hay sinceramiento (…) no hay dólares, ni presupuesto para combustible», manifestó.
Balanza afirmó que, si el Ejecutivo no aplica los ajustes necesarios hasta enero de 2027, el país podría enfrentar un «diéselazo y gasolinazo». Explicó que, aunque los precios internos permanecen congelados, el valor internacional de los combustibles continúa aumentando, elevando el costo de la subvención que asume el Estado.
Respecto a las declaraciones del presidente Rodrigo Paz Pereira sobre la posibilidad de introducir cambios en YPFB, el analista pidió cautela al recordar que la empresa estatal ha sido una de las principales fuentes de ingresos del país durante los años de mayor producción de hidrocarburos. Sin embargo, también consideró necesario revisar su estructura y redefinir su participación en distintos segmentos de la cadena hidrocarburífera.
Transporte reclama estabilidad económica
La preocupación también se trasladó al comportamiento del mercado cambiario. El Transporte Libre expresó que la depreciación del boliviano y la constante variación del dólar incrementan los costos de operación y agravan la situación provocada por la escasez de combustibles.
El dirigente nacional del Transporte Libre de La Paz, Jhony Valdivia, pidió el retorno a un tipo de cambio fijo y aseguró que la incertidumbre cambiaria golpea tanto al transporte como al comercio.
«No hay una banda fija, estamos mucho dilatando esto, aumentando, incrementando, donde realmente nuestra devaluación se viene al pique. Los comerciantes están sufriendo, el transportista está sufriendo», declaró.
El dirigente afirmó que el sector ya no puede sostener el incremento permanente de sus gastos operativos y aseguró que las obligaciones financieras continúan creciendo.
«Nuestras deudas, estamos realmente agotados, ya no podemos aguantar mucho más y no sé qué es lo que el Gobierno está esperando. Lo que quiere parece que es una convulsión social con anticipación», expresó.
Las declaraciones se conocieron después de que el Banco Central de Bolivia fijara el tipo de cambio referencial del dólar flexible en Bs 11, la cotización más alta desde la implementación del nuevo régimen cambiario. Paralelamente, el mercado paralelo registró operaciones por encima de Bs 11 y las plataformas de intercambio de USDT reflejaron valores aún mayores.
Para el Transporte Libre, la volatilidad del dólar repercute directamente en el precio de repuestos, lubricantes, combustibles e insumos indispensables para la actividad diaria.
Transporte internacional denuncia incumplimientos
Las críticas también fueron formuladas por el transporte internacional. El presidente del sector, Marcelo Santa Cruz, sostuvo que el Gobierno no cumplió el compromiso de garantizar el abastecimiento de carburantes.
«Levantan subvención y no cumplen abastecimiento», afirmó.
El dirigente señaló que el desabastecimiento continúa afectando las operaciones del transporte pesado y cuestionó que se eliminen beneficios sin asegurar la provisión regular de diésel.
«No tiene sentido levantar subvención si no hay combustible», sostuvo.
Santa Cruz pidió la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que incentive la inversión y garantice el suministro interno. Asimismo, afirmó que el Gobierno no informa con transparencia sobre la situación del combustible y cuestionó la administración de YPFB.
En Cochabamba, representantes del Transporte Libre y Federado anunciaron que evaluarán medidas de presión debido al incumplimiento de compromisos relacionados con el abastecimiento de combustibles y el programa de conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV).
Filas continúan en los surtidores
Mientras continúan los anuncios oficiales sobre la llegada de nuevos volúmenes de carburantes, numerosos transportistas aseguran que las esperas en los surtidores se prolongan durante varios días.
Uno de los conductores relató que permanece recorriendo distintas estaciones sin lograr abastecerse.
«Andamos de uno y otro lado, esperando un día, dos días. No nos abastecen», indicó.
El transportista explicó que debía trasladar maquinaria hasta Beni, pero la falta de diésel paralizó completamente su trabajo.
«Tengo que ir al Beni llevando una maquinaria y estoy aquí. Me estoy perjudicando», señaló.
Legisladores exigen respuestas
Las críticas también llegaron desde la Asamblea Legislativa. La jefa de bancada de Libre, Natasha Castedo, cuestionó que el presidente recién reconozca la magnitud del problema después de varios meses de desabastecimiento.
La legisladora afirmó que las provincias y el sector productivo son los principales afectados por la escasez de combustibles y sostuvo que el Gobierno debe explicar de manera concreta qué acciones aplicará para garantizar el abastecimiento.
Recordó además que el incremento del precio de los carburantes fue presentado como una medida destinada precisamente a evitar nuevas interrupciones en la provisión.
Choferes cisterneros cuestionan la versión oficial
El representante de los choferes cisterneros, Sandro Araya, rechazó la explicación oficial que atribuye parte de los retrasos a factores climatológicos.
«Una mentira», respondió al asegurar que las cisternas no están cargando combustible por falta de pago.
Araya sostuvo que los volúmenes retenidos en Arica e Iquique serían suficientes para abastecer al país durante aproximadamente un mes y afirmó que el diésel importado por privados ya se comercializa en Santa Cruz entre Bs 14 y Bs 15 por litro.
También cuestionó los anuncios oficiales sobre la llegada de carburantes.
«No nos dice de qué año o de qué siglo», manifestó.
El malestar se extiende a las provincias
Las largas filas también se replican en municipios alejados. En Villa Charcas, Chuquisaca, comunarios denunciaron que deben esperar durante jornadas completas para conseguir combustible.
En un video difundido por la red DTV, uno de los afectados expresó su molestia por la situación.
«Sin bloqueo, sin nada, vean cómo uno sufre por combustible».
Posteriormente añadió:
«No hay gasolina ni diésel».
Presidente anuncia decisiones sobre YPFB
Frente a la creciente presión de distintos sectores, el presidente Rodrigo Paz Pereira reconoció su preocupación por el funcionamiento de YPFB y anunció que analiza medidas dentro de la empresa estatal.
El mandatario señaló que observa un «mal endémico en su estructura» y anticipó que prevé «tomar decisiones» relacionadas con la petrolera estatal, mientras el abastecimiento de combustibles continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta el país.
ESCASEZ DE COMBUSTIBLE ACERCA UN DIÉSELAZO Y GASOLINAZO
