El equipo jurídico del expresidente difundió un comunicado en el que cuestiona el rechazo de la prescripción, observa el uso de Bs 327,9 millones y denuncia una posible duplicidad de procesos.
El equipo legal del expresidente Luis Arce hizo público un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional en el que detalla los argumentos con los que cuestiona la decisión judicial que mantiene abierta la causa penal en su contra. El documento, difundido el 24 de julio, concentra sus observaciones en el rechazo de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y en la utilización de una cifra global de Bs 327.910.243 como referencia para establecer un supuesto daño económico al Estado.
La defensa sostiene que esa cantidad no corresponde al proyecto específico que dio origen al proceso contra Arce. Según el comunicado, los Bs 327,9 millones corresponden a la suma de transferencias realizadas por el exFondioc a ocho organizaciones sociales durante las gestiones 2010 y 2011.
A partir de ese planteamiento, los abogados cuestionan que recursos correspondientes a distintos proyectos y organizaciones hayan sido incorporados en una sola cifra para sustentar la decisión judicial que rechazó la prescripción.
La defensa también informó que interpuso un recurso de apelación incidental contra la resolución.
LA FECHA QUE PLANTEA LA DEFENSA
Uno de los principales argumentos del documento está relacionado con el momento en que supuestamente ocurrió el hecho atribuido a Arce. El equipo jurídico señala que se trata de una reunión del Directorio del exFondioc realizada el 23 de noviembre de 2009.
Los abogados sostienen que, desde esa fecha, transcurrieron más de 16 años y que el plazo máximo de prescripción que consideran aplicable es de ocho años, por lo que aseguran que la acción penal ya debería estar extinguida.
El argumento cambia cuando se incorpora la figura de la imprescriptibilidad por delitos vinculados con un grave daño económico al Estado. La defensa afirma que esa condición no puede aplicarse al caso porque el monto correspondiente al proyecto investigado se encuentra muy por debajo del umbral que, según su interpretación de la Ley 1390, permitiría considerar imprescriptible el proceso.
El proyecto que aparece en el centro de esa discusión es denominado “Proyecto Tomates”. De acuerdo con la documentación citada por los abogados, el desembolso realizado fue de Bs 669.876,46.
LA CIFRA DE BS 327 MILLONES
El comunicado cuestiona que el juez haya tomado como referencia los Bs 327.910.243 consignados en la imputación formal de la Fiscalía.
La defensa sostiene que ese monto no representa el desembolso de un proyecto ni el daño económico atribuido exclusivamente al hecho investigado contra Arce. Se trata, según el documento, de la suma de las transferencias efectuadas a ocho organizaciones sociales.
El desglose incluido por los abogados señala que la CSUTCB recibió Bs 102.085.870; los interculturales, Bs 90.621.882; las Bartolinas, Bs 53.936.926; CONAMAQ, Bs 49.939.428; CIDOB, Bs 18.985.246; APG, Bs 2.221.184; CPEM-B, Bs 5.971.471, y CPESC, Bs 4.148.236.
Para la defensa, utilizar ese total para determinar la condición de imprescriptibilidad significa trasladar al proceso de Arce recursos correspondientes a numerosos proyectos ejecutados durante dos años.
LA DENUNCIA DE PROCESOS PARALELOS
El equipo legal incorpora además un segundo cuestionamiento: la posible vulneración del principio de non bis in idem, que impide procesar o sancionar a una persona más de una vez por el mismo hecho.
Los abogados mencionan el “Proyecto Miel”, cuyo desembolso identifican en Bs 687.508, y sostienen que ese monto ya está incluido dentro de los Bs 53.936.926 atribuidos a las Bartolinas en el cálculo global utilizado en la imputación.
La defensa afirma que, mientras esos recursos aparecen incorporados en la cifra general, existen procesos separados relacionados con proyectos específicos. A su juicio, esa fragmentación puede generar una duplicidad de persecución penal.
El comunicado también cuestiona que la totalidad de los Bs 327,9 millones pueda ser considerada provisionalmente como daño económico, debido a que los recursos fueron destinados a distintos proyectos y organizaciones.
El equipo jurídico anunció que continuará con las acciones legales dentro del país y dejó abierta la posibilidad de recurrir a instancias internacionales de protección de derechos humanos. En su documento, además, sostiene que el caso contra Arce puede tener consecuencias para otras organizaciones y beneficiarios de proyectos financiados por el exFondioc.
