Sólo entre mayo y noviembre de 2024, se decomisaron 451.608 litros de combustible, principalmente diésel destinado a actividades de minería ilegal en el norte de La Paz.
En los últimos cuatro años, los operativos anticontrabando en Bolivia lograron la incautación de 1.519.575 litros de carburantes, de los cuales el 90% correspondía a diésel, además de la aprehensión de 402 personas. Así lo informó el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, durante un balance de los resultados del Plan Soberanía.
El plan, implementado desde 2021 con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, busca combatir el contrabando de combustible, especialmente en las zonas fronterizas.
Entre los bienes incautados se encuentran 42 cisternas, 314 vehículos, 202 tanques adicionados, 53 contenedores de mil litros («bambuchas») y dos inmuebles utilizados para el almacenamiento ilegal.
Resultados recientes y contexto
Sólo entre mayo y noviembre de 2024, se decomisaron 451.608 litros de combustible, principalmente diésel destinado a actividades de minería ilegal en el norte de La Paz. Durante este tiempo, las autoridades confiscaron 273 vehículos (197 livianos, 51 pesados y 25 cisternas), 41 tanques adicionados y 697 garrafas, además de detener a 323 personas.
En comparación, las incautaciones realizadas entre 2021 y 2024 superan ampliamente las registradas entre 2017 y 2020, cuando se confiscaron 268.252 litros de gasolina y diésel.
Operativos y militares desplegados
Desde el inicio del plan, se han ejecutado más de 7.800 operativos. Actualmente, las Fuerzas Armadas custodian 197 estaciones de servicio en todo el país, con la participación de más de 8.000 efectivos militares desplegados en los últimos seis meses.
Germán Jiménez también adelantó que tres estaciones de servicio están en proceso de intervención debido a irregularidades.
Llamado a la denuncia ciudadana
El viceministro de Defensa, Augusto García, destacó la importancia de los operativos y exhortó a la población a denunciar el desvío ilegal de combustibles, que son subvencionados por el Estado.
Estas acciones buscan proteger los recursos públicos y evitar que el contrabando afecte la economía nacional.
Los esfuerzos conjuntos entre las instituciones del Estado han permitido fortalecer el control en puntos críticos del país, combatiendo eficazmente una práctica que no sólo perjudica las finanzas públicas, sino que también alimenta actividades ilegales como la minería no autorizada.