El Gobierno inició la restitución de ahorros en moneda extranjera para cuentas con saldos menores a mil dólares, pero diferencias públicas entre autoridades económicas generan interrogantes sobre montos reales, alcance y sostenibilidad financiera.
La devolución de depósitos en dólares a pequeños ahorristas comenzó oficialmente esta semana en Bolivia, con un anuncio que el Gobierno presentó como el cierre de una etapa de restricciones y el inicio de una nueva fase de normalización financiera. La medida alcanza a personas y pequeñas unidades productivas que mantenían hasta 1.000 dólares en cuentas del sistema bancario, recursos que durante meses no pudieron retirarse libremente en efectivo.
El presidente Rodrigo Paz afirmó en un acto público que el Estado devolverá “más de 2.600 millones de dólares” retenidos en gestiones anteriores y que la restitución será progresiva para estabilizar la economía. La declaración posiciona la decisión como una acción de gran escala, vinculada a la recuperación de la confianza en la banca y al impulso de la actividad económica.
Sin embargo, las cifras expuestas por otras autoridades no coinciden plenamente con ese volumen. El presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, precisó que la primera fase de devolución movilizará alrededor de 48 millones de dólares, destinados exclusivamente a cuentas con saldos de hasta 1.000 dólares. También detalló que el universo beneficiado en esta etapa supera los 770.000 ahorristas y alcanza a cerca de 20.000 pequeñas empresas.
La diferencia entre los 2.600 millones mencionados por el mandatario y los 48 millones proyectados inicialmente por el BCB marca una brecha significativa entre el anuncio político global y la ejecución inmediata. Mientras el Presidente habló de la totalidad de fondos que, según su versión, habrían quedado restringidos en el pasado, la autoridad monetaria se refirió únicamente a la liquidez liberada para este primer tramo operativo.
A esa divergencia se suma otra variación en los datos oficiales. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, comunicó en redes sociales que la devolución favorecerá a “más de 75.000 familias”, una cifra muy inferior a los más de 770.000 ahorristas señalados por el BCB. Aunque ambas declaraciones se enfocan en depósitos de hasta 1.000 dólares, el número de beneficiarios difiere en casi diez veces, sin que hasta ahora se haya aclarado públicamente si se trata de universos distintos o de estimaciones preliminares.
En cuanto al mecanismo financiero, el BCB informó que los recursos provienen de una modificación en el encaje legal para depósitos en moneda extranjera. La resolución de directorio N° 9/2026 estableció nuevos porcentajes de reserva obligatoria que los bancos deben mantener: 10% para divisas en efectivo, 2,5% para depósitos a plazo fijo mayores a 720 días y 3,5% para el resto de pasivos en dólares. Esta reducción libera liquidez que las entidades pueden utilizar para atender retiros.
La autoridad monetaria también confirmó que se coordinó con los bancos múltiples y pymes para garantizar la disponibilidad física de dólares. Como parte de ese operativo logístico, se trasladaron remesas de divisas desde instalaciones del BCB hacia entidades financieras, bajo resguardo de seguridad, con el fin de cubrir la demanda inicial de los clientes habilitados.
El Gobierno presenta la medida como una respuesta a un periodo prolongado de escasez de moneda extranjera que afectó al sistema financiero. Desde 2023 se hicieron frecuentes las quejas de usuarios por límites en retiros en dólares, demoras en transferencias internacionales y dificultades para usar tarjetas en el exterior. Aunque las autoridades de entonces rechazaban la existencia de un “corralito” formal, en la práctica muchos ahorristas no pudieron disponer libremente de sus fondos en divisa.
Ahora, el discurso oficial apunta a cerrar ese capítulo. El Presidente sostiene que la devolución ayudará a restituir la credibilidad en la banca y a reactivar el ahorro en dólares dentro del país. El ministro de Economía, por su parte, enmarca la decisión como resultado de un proceso de “ordenamiento” económico. El BCB, en cambio, ha centrado su comunicación en los aspectos técnicos de liquidez y regulación.
Las distintas narrativas revelan enfoques no siempre alineados: una promesa de restitución multimillonaria a nivel político, una ejecución gradual y acotada desde la autoridad monetaria, y un cálculo de beneficiarios más reducido en la voz del Ministerio. Ninguna de las tres instancias ha presentado aún un cronograma público detallado que explique cómo y en qué plazos se pasará de los 48 millones iniciales a los más de 2.600 millones mencionados por el Presidente.