Una denuncia televisiva reconfigura el caso de las 32 maletas, mientras el Presidente admite conocimiento previo del caso. Fiscalía, Aduana y justicia enfrentan presión para esclarecer responsabilidades, omisiones y destino del cargamento.
La investigación conocida como el “caso Maletas” dio un giro brusco tras la difusión de un reportaje del programa televisivo Que No Me Pierda (Red Uno), que sostiene —citando una fuente que califica como directa y confiable— que el contenido principal de las 32 valijas ingresadas por el aeropuerto Viru Viru no era droga, sino 100 millones de dólares en efectivo. La versión contradice la hipótesis inicial centrada en sustancias controladas y reabre el debate sobre controles aeroportuarios, cadena de custodia y posibles redes de protección.
Hasta antes de esta revelación, el expediente avanzaba en torno al hallazgo posterior de 79 kilos de marihuana en un galpón vinculado a una empresa de seguridad privada, lugar donde terminaron parte de los equipajes. Ese hallazgo derivó en imputaciones por tráfico de drogas, asociación delictuosa y otros delitos. Sin embargo, la nueva línea informativa difundida en televisión plantea que el volumen económico del presunto cargamento podría explicar la magnitud de la operación logística y las omisiones detectadas en los controles.
El informe televisivo no mostró físicamente el dinero ni documentación oficial que certifique el monto, pero aseguró que la información proviene de una fuente con acceso a datos reservados de la investigación. A partir de ello, analistas legales consultados por distintos medios han señalado que, de confirmarse la presencia de divisas en esa escala, el caso podría ampliarse hacia delitos financieros, legitimación de ganancias ilícitas y contrabando de moneda.
En paralelo, el presidente Rodrigo Paz reconoció públicamente que el Gobierno tenía conocimiento previo del denominado caso Maletas antes de que se hiciera mediático. En una entrevista con Radio Panamericana, la autoridad afirmó que la información fue manejada con anticipación como parte de un proceso “gradual” para identificar una estructura mayor. Según sus palabras, se evitó una exposición temprana para no alertar a posibles implicados.
La declaración presidencial añadió un componente político al proceso judicial. Para sectores de oposición y organizaciones civiles, el reconocimiento abre interrogantes sobre por qué, si existía información previa, no se activaron controles inmediatos o alertas institucionales que impidieran la salida de las maletas del aeropuerto sin revisión exhaustiva. Desde el Ejecutivo, en cambio, se insiste en que la estrategia buscaba desarticular redes completas y no solo interceptar un hecho aislado.
Los registros oficiales confirman que las maletas ingresaron al país el 29 de noviembre en un vuelo privado procedente del exterior. La exdiputada Laura Rojas utilizó un pasaporte diplomático que, según Cancillería, ya no estaba vigente. Funcionarios de Aduana y Migración declararon ante el Ministerio Público para explicar por qué el equipaje no pasó por escáner ni revisión manual, como establecen los protocolos del régimen de viajeros.
La Aduana Nacional inició procesos internos y presentó querellas contra funcionarios por presunto incumplimiento de deberes. Su presidente reiteró en medios que ningún servidor público tiene privilegios de revisión, salvo las máximas autoridades del Ejecutivo, y que todas las valijas debieron ser inspeccionadas. Los informes técnicos solicitados a Migración, DGAC y aerolíneas buscan reconstruir movimientos previos y posibles patrones similares.
En el ámbito judicial, un juez y un guardia de seguridad fueron enviados con detención preventiva, mientras que la exdiputada Rojas fue aprehendida y posteriormente internada en una clínica por problemas de salud, según reportes médicos presentados a la Fiscalía. Su defensa ha negado vínculos con redes de narcotráfico y cuestiona la legalidad de algunos procedimientos, argumentos que deberán ser valorados en audiencias cautelares.
El posible componente de divisas introduce además la necesidad de cooperación internacional. Expertos en control financiero señalan que movimientos de efectivo en volúmenes tan altos suelen dejar trazas en sistemas bancarios, vuelos chárter, seguros de carga y registros aduaneros en origen. Sin confirmación documental, la cifra de 100 millones se mantiene en el plano de denuncia periodística, pero su impacto mediático ya presiona a las autoridades a pronunciarse con datos verificables.