La autoridad denuncia que la norma reduce atribuciones, transfiere presupuesto y lo subordina a un ministro designado. Advierte riesgos institucionales y asegura que continuará con denuncias de presunta corrupción en YPFB.
El vicepresidente Edmand Lara respondió con firmeza al Decreto Supremo 5552, norma que redefine la estructura y competencias de la Vicepresidencia del Estado. En un mensaje difundido públicamente, afirmó que la disposición afecta la institucionalidad democrática al disminuir la autonomía del cargo que ejerce por mandato electoral.
El Decreto 5552 establece una reorganización administrativa que limita funciones, redistribuye partidas presupuestarias hacia otros ministerios y mantiene como atribuciones independientes únicamente las tareas legislativas desarrolladas por la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo. El resto de áreas pasa a un esquema de coordinación bajo el Ministerio de la Presidencia.
Lara sostuvo que la medida lo coloca bajo la dependencia del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, autoridad designada por el Ejecutivo. Señaló que esa subordinación altera el equilibrio institucional previsto para la Vicepresidencia y calificó la decisión como una afectación directa al voto ciudadano que lo llevó al cargo.
En su pronunciamiento, también alertó que la reestructuración podría anticipar ajustes similares en otros órganos del Estado. Mencionó al Legislativo, al Órgano Electoral y al Órgano Judicial como posibles afectados si continúan cambios de esa naturaleza.
El vicepresidente vinculó la emisión del decreto con la denuncia que presentó recientemente contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly. Indicó que mantendrá sus acciones y que no desistirá de exponer presuntas irregularidades en la empresa estatal.
El texto oficial del decreto respalda la reorganización como parte de una reingeniería administrativa del Ejecutivo. Mientras tanto, la postura del vicepresidente queda registrada como una de las críticas institucionales más severas frente a la nueva norma.