Marco Santivañez Soria
Periodista internacionalista
Hay políticos que no necesitan cambiar de ideología para cambiar de negocio. Les basta con cambiar de ubicación en el tablero del poder.
Cuando estaban en la oposición, sin ministerios, sin direcciones ni instituciones bajo su influencia, algunos encontraron en la presión política una manera de sacar provecho de su condición parlamentaria. Ahora que pasaron de opositores a oficialistas y tienen acceso a los espacios de decisión del Estado, parece que descubrieron una modalidad mucho más cómoda: ya no necesitan perseguir a alguien para cobrarle parte de su sueldo, ahora pueden intentar decidir quién entra a trabajar, quién se queda y quién debe salir de una institución pública.
¡Qué maravilla! El poder tiene la virtud de facilitar los negocios, especialmente cuando se confunde la representación política con una licencia para disponer de los cargos públicos.
Las denuncias que involucran a Claudia Bilbao y Alejandro Medinacelli permiten poner sobre la mesa una vieja historia que tiene otros protagonistas y antecedentes conocidos. Estamos hablando de políticos que llegaron al gobierno y reproducen las prácticas de la derecha heredada de sus padres políticos. Estamos hablando de políticos de una misma corriente ideológica, de una misma línea política, que ayer estaban en la oposición y hoy forman parte del oficialismo. Barral, Gonzales, Bilbao, Medinacelli y otros que tienen ese denominador político común. Lo que parece haber cambiado es la posición desde la cual ejercen su influencia y, posiblemente, el mecanismo para conseguir sus objetivos.
Recordemos cómo funcionaban las cosas cuando algunos de estos personajes no tenían acceso a los espacios de contratación del Estado. Amílcar Barral, cuando ejercía como diputado suplente, fue denunciado por exigir el 50% del salario a personas que les consiguió trabajo en la Asamblea Legislativa. Como opositor no tenía ministerios ni direcciones que ofrecer, pero sí tenía una credencial parlamentaria, contactos y capacidad para ejercer presión. Según la denuncia de entonces, esa posición habría servido para conseguir que otras personas ingresaran a trabajar y después exigirles una parte de sus ingresos.
El caso de Carmen Eva Gonzales también dejó un antecedente que no debería olvidarse. La senadora chuquisaqueña por Pando fue vinculada a denuncias por presuntos cobros del 50% del salario a funcionarios contratados en la Asamblea Legislativa. La explicación atribuida a esos descuentos estaba relacionada con los gastos judiciales de Leopoldo Fernández, su líder político. Hubo videos y testimonios de la persona que aseguraba que debían entregar la mitad de sus ingresos. Uno de los reclamos fue particularmente revelador: después de un año, el trabajador ya no quería seguir pagando semejante cuota, a los pocos día se quedó sin nada.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando quienes ayer estaban en la oposición llegan al gobierno? La situación cambia porque ya no necesitan buscar mecanismos para conseguir engrosar sus arcas particulares con el cobro de porcejates. Ahora tienen cercanía con las autoridades, acceso a las instituciones y capacidad de influir directamente sobre las decisiones administrativas.
Y aquí aparece la nueva modalidad, modus operandi, que merece investigarse. Los audios difundidos, atribuidos a Alejandro Medinacelli y Claudia Bilbao, relacionados con la entonces directora de AISEM, muestran una forma de presión que resulta difícil de conciliar con el respeto a la institucionalidad.
«¿Quieres seguir trabajando?», habría preguntado Medinacelli. Bilbao, por su parte, habría advertido que, si no se respetaba su lista, mandaría un PIO. Son expresiones que necesitan explicaciones, porque sugieren que determinados parlamentarios no solamente quieren recomendar personas, sino que pretenden tener capacidad para decidir sobre la continuidad de quienes administran las instituciones.
Y aquí está el punto central: no sabemos si los actuales oficialistas dejaron definitivamente atrás las prácticas de cobro de porcentajes que marcaron anteriores denuncias. No podemos afirmar que hayan abandonado la extorsión salarial porque no tenemos elementos para asegurarlo. Lo que sí tenemos son denuncias y audios que apuntan a otra forma de ejercer presión: utilizar la posición política para conseguir que determinadas personas sean contratadas.
En otras palabras, cuando eran opositores y no tenían espacios institucionales para ofrecer, presuntamente encontraban en la presión una manera de beneficiarse de las contrataciones ajenas. Ahora que son oficialistas, la posibilidad de intervenir directamente en los nombramientos parece mucho más atractiva. Ya no hace falta esperar de un cargo pequeño reclames el 50%. Basta con intentar decidir quién entra a la planilla estatal.
Mientras tanto, los militantes que hicieron campaña siguen esperando. Los que pintaron paredes, organizaron caravanas, prestaron sus vehículos, repartieron propaganda y defendieron a sus candidatos bajo el sol continúan sin trabajo. Los que creyeron que el cambio de gobierno también significaría oportunidades para quienes sostuvieron las campañas ahora descubren que las listas parecen tener otros destinatarios.
Porque para los familiares, amigos, allegados y recomendados de algunos parlamentarios las oportunidades parecen estar mucho más cerca. Y no necesariamente para ocupar los puestos más modestos. Las aspiraciones suelen comenzar en las jefaturas, direcciones y cargos jerárquicos. ¡Qué sacrificio el de algunos! No solamente consiguieron llegar al poder, también parecen querer administrar las oportunidades laborales de sus círculos cercanos.
Lo más irónico es que estos personajes pertenecen a una corriente política que durante años cuestionó el uso partidario del Estado. Ahora tienen la oportunidad de demostrar si aquellas denuncias eran una convicción o simplemente una molestia porque otros ocupaban los espacios que ellos querían.
La gente de a pie no necesita otra explicación sobre la importancia de la transparencia. Necesita trabajo, oportunidades y autoridades que administren las instituciones sin recibir órdenes particulares de parlamentarios. Un puesto público no es un premio por haber pintado paredes, pero tampoco es propiedad de un diputado para repartirlo entre sus familiares y amigos.
Al final, quizá la verdadera transformación de algunos no fue política ni ideológica. Fue una transformación de posición: ayer estaban afuera, presionando para conseguir beneficios; hoy están adentro, intentando decidir quién puede beneficiarse.
Reitero, no sabemos si dejaron de cobrar el 50% de los salarios. Lo que sí parece es que dejaron de necesitarlo: ahora quieren tener la llave de las puertas por donde entran a trabajar los suyos.
