La Central Obrera Boliviana activa estado de emergencia y fija una agenda de exigencias al Ejecutivo y a la Asamblea. Advierte movilizaciones graduales si no hay respuestas inmediatas.
La Central Obrera Boliviana resolvió ingresar en estado de emergencia y emplazó al gobierno de Rodrigo Paz a atender un pliego de demandas que, según su dirigencia, no admite dilaciones. La determinación fue comunicada tras una reunión orgánica nacional en la que participaron representantes departamentales y sectoriales. El pronunciamiento incluye la advertencia de movilizaciones escalonadas si no se atienden los puntos observados.
El primer eje del reclamo es el rechazo frontal a cualquier modificación de la Ley General del Trabajo. La organización sostiene que no aceptará cambios que, a su criterio, recorten derechos adquiridos ni reformas vinculadas a la Ley 157 sobre tierras. La resolución establece que cualquier intento de alterar estas normas activará medidas de presión definidas por sus bases.
En el plano legislativo, la COB exigió a la Asamblea Legislativa Plurinacional archivar de manera definitiva el proyecto de ley denominado “antibloqueos”. La dirigencia sindical sostiene que la iniciativa vulnera el derecho a la protesta y advierte que, de persistir su tratamiento, se convocará a acciones coordinadas en todo el país.
Otro punto central es la exigencia de una actuación independiente y transparente del Ministerio Público en el caso de las 32 maletas que ingresaron al país sin controles por el aeropuerto internacional de Viru Viru. La COB demandó esclarecer los hechos y ampliar las investigaciones sobre nuevos casos de presunto narcotráfico detectados en esa terminal aérea. También denunció hostigamiento político y mediático contra la organización.
En el ámbito económico, la central obrera reclamó una solución inmediata por la comercialización de gasolina que habría causado daños a vehículos. Exigió un mecanismo efectivo de compensación para los propietarios afectados y controles rigurosos sobre la calidad del combustible distribuido.
Finalmente, pidió al Ejecutivo remitir un informe detallado sobre los créditos externos obtenidos y el destino específico de esos recursos. Al mismo tiempo, exhortó a la Asamblea a ejercer fiscalización plena para evitar un endeudamiento que consideran riesgoso para el país.