La Fiscalía Regional de Arica sostiene que los análisis científicos practicados a los cargamentos retenidos detectaron drogas en casi la totalidad de las muestras, mientras Bolivia mantiene su rechazo a esas conclusiones.
Con datos de www.elmostrador.cl
La investigación que desarrolla la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota volvió a poner en entredicho la posición asumida por el Gobierno boliviano sobre el caso de las denominadas «narcomaderas». Nuevos antecedentes del proceso revelan que el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile sometió a análisis más de 500 muestras extraídas de los cargamentos incautados y que el 98% presentó rastros de clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina, resultados que contrastan con las declaraciones de autoridades bolivianas que descartaron la existencia de sustancias controladas en las exportaciones.
La información surgió mientras la Fiscalía chilena optó por mantener reserva sobre las diligencias pendientes. En un breve comunicado, el organismo confirmó únicamente que la investigación continúa en desarrollo y que no emitirá nuevas declaraciones hasta que avance el proceso penal.
Los antecedentes conocidos indican que la investigación no se sustentó únicamente en los análisis de laboratorio. Antes de llegar al Instituto de Salud Pública, la Fiscalía desarrolló una serie de procedimientos que comenzaron con la revisión de la documentación de exportación, donde se detectaron inconsistencias. Posteriormente fueron identificados los contenedores considerados sospechosos y sometidos a inspecciones mediante perros detectores de drogas, cuyos marcajes fueron positivos. Después se realizaron pruebas rápidas de campo y finalmente se extrajeron muestras que fueron remitidas al ISP para su análisis científico.
Las diferencias entre los resultados obtenidos en Chile y las pericias efectuadas en Bolivia llevaron al fiscal regional a trasladarse personalmente al laboratorio del Instituto de Salud Pública en Santiago para conocer en detalle la metodología aplicada. Según trascendió, el procedimiento utilizado por el ISP difiere del empleado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia, aspecto que podría explicar por qué ambos países llegaron a conclusiones distintas respecto a las mismas exportaciones.
También se conoció que la Drug Enforcement Administration (DEA) habría planteado la posibilidad de realizar pruebas paralelas para contrastar los resultados. La Fiscalía chilena rechazó esa alternativa y, en su lugar, ofreció a los interesados visitar las instalaciones del ISP para revisar el equipamiento y el protocolo científico utilizado durante los análisis.
Pese a estos antecedentes, el Gobierno boliviano mantuvo su postura. El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció acciones para reparar el perjuicio ocasionado al sector maderero y cuestionó que se difundieran los hallazgos sin que, según su criterio, existieran pruebas suficientes. «El daño que se ha hecho es muy grande», afirmó al defender la trayectoria de los exportadores nacionales.
En la misma línea, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, manifestó que las investigaciones desarrolladas por Bolivia todavía no permiten establecer que existió tráfico de sustancias controladas mediante cargamentos de madera. «No queremos ser irresponsables con aquellas personas que ponen el hombro al país», declaró al referirse a los empresarios del sector, añadiendo que continúan realizándose pericias nacionales e internacionales.
La posición boliviana también fue cuestionada desde Chile. El delegado presidencial de Arica descartó que exista motivo para ofrecer disculpas institucionales y aseguró que las 1.080 toneladas de madera permanecen bajo investigación judicial. La autoridad sostuvo que los análisis científicos fueron practicados directamente sobre la carga retenida en territorio chileno y rechazó la comparación con estudios efectuados en aserraderos bolivianos.
«Los análisis que dieron negativo se hicieron en aserraderos bolivianos, no sobre la carga que está retenida en territorio chileno. Es decir, comparan peras con manzanas y después salen a exigir disculpas que no corresponden», afirmó la autoridad chilena.
La controversia también alcanzó el plano político después de que el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes Muñoz, acusara al fiscal chileno a cargo de la investigación de utilizar el caso con fines personales. Sin embargo, desde la Fiscalía Regional de Arica reiteraron que la investigación seguirá su curso bajo reserva, mientras continúan las diligencias para establecer el origen y la modalidad utilizada para contaminar los cargamentos de madera destinados a la exportación.
CHILE DESACREDITA VERSIÓN BOLIVIANA CON PERICIAS SOBRE LAS «NARCOMADERAS»
