Las 31 maletas vinculadas a Laura Rojas generan más preguntas que respuestas. La falta de claridad en las operaciones aéreas y la intervención de autoridades pone en jaque la seguridad nacional.
El caso de las 31 maletas relacionadas con la exdiputada Laura Rojas ha tomado un giro inesperado, revelando irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Según un informe presentado por el diputado Rolando Pacheco, las maletas llegaron a Bolivia en un vuelo operado por una empresa distinta a la autorizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Este hecho ha despertado la alarma en la Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Legislativa, donde se exige una revisión exhaustiva de los procedimientos y responsabilidades.
El informe detalla que el 29 de noviembre de 2025, el avión Gulfstream G-550, matrícula N585JC, despegó de Burbank, California, con destino al aeropuerto de Viru Viru. La autorización de vuelo fue emitida a Southern Cross Aircraft LLC, pero la declaración del vuelo fue presentada por Proflite LLC, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso. Ambas empresas no están registradas en el sistema de la Aduana Nacional, lo que, según Pacheco, representa una irregularidad que debe ser investigada a fondo.
La situación se complica aún más con la alerta emitida por el oficial de enlace de la Policía Federal de Brasil, Fernando Augusto Battaus. Este comunicó al teniente de la FELCN, Marvin Manzaneda, que el vuelo transportaba maletas con dinero presuntamente destinado a la compra de droga. A pesar de esta advertencia, no se realizó ninguna intervención policial, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles en las fronteras.
Alberto Soto De la Vía, presidente de la Aduana Nacional, confirmó que la autorización de vuelo fue para Southern Cross Aircraft LLC, pero al llegar a Bolivia, la documentación figuraba a nombre de Proflite LLC. Este cambio de operador ha sido un punto crítico en la investigación, llevando a Pacheco a solicitar que se indague quién autorizó el vuelo y por qué se permitió operar con un operador distinto al autorizado.
El informe también aclara que el vuelo ingresó 31 maletas y no 32, como se había informado inicialmente. Las maletas estaban registradas a nombre de varias personas, incluyendo a Laura Rojas Ayala. Sin embargo, las irregularidades no terminan ahí. A pesar de que su pasaporte diplomático fue anulado el 13 de noviembre de 2025, se utilizó nuevamente el 29 de noviembre, lo que sugiere fallas en los controles migratorios.
Leonardo Roca, senador del partido Libre, ha expresado su preocupación por las irregularidades en los permisos otorgados por la DGAC. “¿Cómo se explica que dos empresas distintas figuren en la documentación? ¿Qué autoridades estaban al tanto de este cambio y por qué no se alertó a tiempo?”, cuestionó Roca. Además, destacó la falta de información sobre Bruno Sánchez, quien figura como depositario de las maletas, pero no aparece en la lista de pasajeros ni en la tripulación del vuelo.
El senador también hizo hincapié en la necesidad de que la Comisión Especial de Investigación actúe rápidamente, señalando que el plazo para emitir un informe final está por vencer. La falta de respuesta de las autoridades competentes pone en evidencia la fragilidad de los sistemas de control y la posible existencia de redes que operan al margen de la ley.
Este caso no solo ha puesto en entredicho la seguridad nacional, sino que también ha dejado al descubierto la necesidad de una revisión profunda de los procedimientos de control en la entrada de mercancías al país. Las autoridades deben rendir cuentas y esclarecer las múltiples irregularidades que han surgido en este escándalo, que sigue sin resolverse y que amenaza con socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
CASO MALETAS: UN ESCÁNDALO SIN RESOLUCIÓN
