Tras un año y siete meses de dilaciones, la justicia ordena su presencia física en la capital cruceña para el caso «Decretazo».
Después de casi dos años de postergaciones y desobediencias institucionales, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho volverá a pisar Santa Cruz, esta vez bajo estricta custodia judicial. Así lo establece una sentencia constitucional emitida por un juzgado de instrucción de La Paz, que ordena su traslado inmediato desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro hasta la capital oriental para que comparezca en persona ante el tribunal que lleva adelante el juicio del denominado caso “Decretazo”.
La determinación llega como resultado de una Acción de Libertad interpuesta por la defensa de Camacho, ante el sistemático incumplimiento de órdenes judiciales por parte de la Dirección de Régimen Penitenciario. Desde enero de este año, la audiencia oral del juicio fue suspendida en 14 ocasiones debido a la negativa del Gobierno de cumplir con el traslado del gobernador, pese a que la Ley 2298 impone esa obligación como irrenunciable.
“La sentencia es clara, no admite interpretaciones ni excusas: el gobernador debe estar presente el 25 de julio en Santa Cruz”, declaró el abogado Martín Camacho, quien también denunció una serie de maniobras por parte de autoridades penitenciarias para bloquear el cumplimiento del fallo. En anteriores intentos, incluso se llegó a negar la compra de pasajes aéreos alegando falta de recursos, combustible y problemas logísticos derivados de bloqueos en las carreteras.
Esta vez, sin embargo, el incumplimiento del mandato judicial podría derivar en consecuencias penales. El fallo constitucional advierte que cualquier resistencia institucional a esta orden implicaría no solo la comisión del delito de incumplimiento de deberes, sino también el de desobediencia a resoluciones constitucionales, lo que podría afectar directamente a funcionarios de Régimen Penitenciario y autoridades del Ministerio de Gobierno.
UNA COMPARECENCIA ESPERADA Y POSTERGADA
La presencia de Camacho en Santa Cruz no solo reviste un carácter legal: también tiene una profunda carga simbólica. Desde su aprehensión el 28 de diciembre de 2022, su ausencia en el departamento que gobierna ha sido utilizada políticamente tanto por sus adversarios como por sus aliados. Con esta comparecencia, se abre una nueva etapa en el proceso judicial más emblemático que enfrenta la autoridad departamental.
El caso “Decretazo” tiene como punto de partida la promulgación del Decreto Departamental 373 en marzo de 2022, mediante el cual Camacho delegó funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en lugar del vicegobernador Mario Aguilera, quien debía asumir legalmente el cargo ante la ausencia del titular. La Fiscalía sostiene que esta decisión vulneró la Constitución y otras normas vigentes, configurando el presunto delito de resoluciones contrarias a la ley.
El Tribunal que lleva la causa ya ha determinado que las audiencias deben realizarse de manera presencial, rechazando los intentos del Ejecutivo de que el juicio se desarrolle de forma virtual. Según la defensa, tanto el Ministerio de Justicia como la Procuraduría General del Estado han impulsado “chicanerías” para evitar el traslado físico del gobernador, en lo que consideran una estrategia deliberada para prolongar el juicio indefinidamente.
Con su presencia finalmente garantizada por mandato constitucional, se prevé que Camacho sea recluido de forma transitoria en la cárcel de Palmasola durante el tiempo que dure la tramitación del proceso en la capital oriental. El juicio se encuentra aún en su etapa inicial debido a los reiterados aplazamientos.
CUATRO FRENTES JUDICIALES
El “Decretazo” no es el único proceso que mantiene en vilo a Camacho. Su situación jurídica es compleja y abarca varios frentes. El más avanzado es el caso “Golpe de Estado I”, por el que guarda detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022. En este expediente, la etapa de pruebas y argumentación ya ha concluido y se encuentra a la espera de los alegatos finales antes de que se dicte sentencia.
Otro frente judicial es el caso conocido como “carro bombero”, en el que se investiga la compra de un vehículo supuestamente irregular por un valor de Bs 1.730.000. A pesar de que las audiencias aún no se han instalado, la defensa de Camacho atribuye los retrasos a la inasistencia de los denunciantes y a la falta de coordinación del Ministerio Público.
Finalmente, Camacho también enfrenta un proceso vinculado al paro cívico de los 36 días en Santa Cruz durante 2019. Aunque ya existe una acusación formal, el caso todavía no ha sido remitido al tribunal debido a recursos pendientes.
UNA PRESIÓN QUE AHORA RECAE EN EL GOBIERNO
La decisión judicial que habilita el regreso de Camacho a Santa Cruz no solo pone fin a una etapa de postergaciones y trabas procesales. También pone al Gobierno central en una situación incómoda. De incumplirse esta vez el fallo, las consecuencias podrían escalar al plano penal y político, dejando en entredicho el respeto institucional a las resoluciones del Órgano Judicial.