Mientras la ciudad enfrenta recortes y urgencias en salud, educación y programas sociales, el Concejo Municipal aprobó un presupuesto de 11,5 millones de bolivianos para el funcionamiento del legislativo sin aceptar ajustes ni pedidos ciudadanos.
El domingo 7 de septiembre, en medio de la jornada nacional del peatón, el Concejo Municipal de Trinidad se reunió en una sesión extraordinaria que fue el final a la que se realizó un día previo donde los Concejales quisieron defender su presupuesto a puños y gritos.
El resultado de esta sesión ordinaria fue la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2026, que incluye un presupuesto de funcionamiento de 11,5 millones de bolivianos para el ente legislativo, que estás gestión 2025 tuvo un incremento de 2,7 millones vía IDH, lo que determinó que esa entidad legislativa utilice 14,2 millones en la gestión 2025.
La votación se dio pese a los reclamos de los representantes de la alcaldía, quienes llegaron con la solicitud de reducir en 3,5 millones el gasto del Concejo para destinarlos a la educación local, demanda planteada por miembros del control social del municipio. El pedido, sin embargo, fue ignorado.
El alcalde de Trinidad, en declaraciones a El Mamoré, expresó su preocupación: “Respetamos las atribuciones del Concejo, pero no compartimos la decisión. La situación económica del país es dura, y las transferencias serán menores que en 2025. Por eso en el ejecutivo hemos decidido reducir nuestros sueldos para que ese dinero vaya a los servicios municipales”.
La molestia del ejecutivo radica en que, mientras la ciudad lidia con recaudaciones cada vez más bajas y un presupuesto más estrecho, el Concejo insiste en mantener intacto su monto de funcionamiento, aun cuando solo estarán en funciones los primeros cinco meses de gestión la gestión 2026.
Según la Ley 482, corresponde al Concejo aprobar el presupuesto municipal, pero las instancias de participación y control social también tienen derecho a opinar y sugerir ajustes. Aun así, el equipo técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad (GAMT) lamentó que no se permitiera la exposición de argumentos durante la sesión ni se valorara el trabajo desarrollado en la reciente cumbre social del POA, donde tampoco asistieron los concejales.
Los reclamos se centran en que los 3,5 millones rechazados hubieran fortalecido rubros sensibles: salud, educación, ya que el aumento del Capibono de 200 a 300 bolivianos tiene un presupuesto consolidado.
El GAMT adelantó que insistirá en futuras reformulaciones presupuestarias para que se atiendan esas prioridades.
El episodio dejó al descubierto un choque de visiones entre el ejecutivo municipal y el Concejo.
Mientras la administración del alcalde apuesta por la austeridad y sacrificios internos, el ente legislativo optó por preservar su presupuesto en un año de restricciones.
En medio de este escenario, las autoridades municipales recalcaron que, pese a la decisión del Concejo, se garantizará la continuidad de servicios básicos, la provisión de medicamentos, la dotación de insumos escolares y la atención de las demandas más urgentes. “Convocamos al respeto institucional y al diálogo constructivo”, expresó el equipo técnico del GAMT, reafirmando su compromiso de ejecutar el POA con transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía.
