La aprehensión de un subteniente de la Policía Boliviana marcó un giro decisivo en la investigación por la muerte de dos comunarios durante los enfrentamientos registrados en la comunidad de Cotapachi, en Cochabamba. El hecho se produjo en medio de un operativo de desbloqueo y un conflicto de límites territoriales entre los municipios de Quillacollo y Colcapirhua, durante el cumplimiento de una orden judicial relacionada con el botadero de la zona.
La Fiscalía Departamental de Cochabamba confirmó que el uniformado fue identificado como el presunto autor de los disparos que causaron la muerte de Pablo P. M. y Sinforiano C. C., quienes fallecieron por impactos de arma de fuego. Según el fiscal departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, los primeros actos investigativos permitieron establecer una probabilidad de autoría sustentada en declaraciones, pericias iniciales y el reconocimiento del propio efectivo de haber utilizado su arma en el momento de los disturbios.
El subteniente también resultó herido durante los hechos. Fue sometido a una intervención quirúrgica para la extracción de 18 esquirlas, presuntamente provocadas por el disparo de una escopeta. Su estado de salud fue reportado como estable, aunque permanece internado bajo estricta custodia policial mientras avanzan los actuados fiscales.
Durante el registro técnico del lugar del enfrentamiento, el Ministerio Público y la Policía Técnica Científica levantaron 16 vainas servidas. Trece de ellas serían compatibles con armas calibre 9 milímetros y tres con munición de escopeta. Además, se encontraron artefactos explosivos, petardos y objetos contundentes que, de acuerdo con los investigadores, fueron empleados durante el ataque y la respuesta policial. Todo el material fue remitido al Instituto de Investigaciones Forenses para los exámenes balísticos que permitirán establecer responsabilidades con mayor precisión.
En paralelo, el Ministerio Público abrió dos procesos penales principales. El primero está vinculado a delitos de tenencia y portación ilegal de armas, asociación delictuosa, organización criminal e instigación pública a delinquir. El segundo proceso está enfocado exclusivamente en el homicidio de las dos personas fallecidas. Como resultado, se confirmó la captura de al menos nueve personas, varias de ellas encontradas en flagrancia con objetos utilizados durante los disturbios.
El inspector general de la Policía, Gunther Agudo, sostuvo que existe un efectivo policial formalmente aprehendido y reconoció que, según los datos preliminares, el subteniente utilizó su arma de fuego en una situación que él consideró de extrema necesidad. Sin embargo, recordó que los manuales de operaciones prohíben el uso de armas letales en este tipo de operativos, por lo que la responsabilidad final será determinada por el Ministerio Público y la justicia ordinaria.
