La expresidenta Jeanine Áñez permanecerá detenida en Obrajes cumpliendo una condena de 10 años, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, por su papel en el denominado caso Golpe de Estado II.
La figura de Jeanine Áñez sigue en el centro del debate político y judicial en Bolivia. Su nombre aparece inevitablemente vinculado a los acontecimientos de noviembre de 2019, cuando tras la renuncia de Evo Morales y en medio de una crisis institucional, se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores y, posteriormente, del Estado, sin respetar la línea constitucional de sucesión.
Ese hecho, calificado como un golpe de Estado por diversos sectores, marcó el inicio de su breve gestión gubernamental y dio lugar al proceso que hoy mantiene a la exmandataria en prisión con una sentencia ejecutoriada.
En junio de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dictó contra Áñez una condena de 10 años de cárcel por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
El fallo determinó que su autoproclamación careció de legalidad, ya que no contó con el respaldo del quórum legislativo exigido y quebrantó el orden democrático.
La defensa agotó todos los recursos en instancias superiores, pero en diciembre de 2023 el Tribunal Supremo de Justicia rechazó de forma definitiva sus argumentos, dejando la sentencia ejecutoriada e inapelable dentro del sistema judicial boliviano.
Mientras sus abogados insisten en denunciar irregularidades y han buscado apoyo en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fallo en Bolivia ya es firme.
Por esa razón, incluso cuando un juez de El Alto ordenó recientemente la anulación de los obrados en el proceso por la masacre de Senkata, Áñez no podrá obtener la libertad: la condena del caso Golpe de Estado II sigue vigente y constituye la base de su detención en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
El contraste entre las resoluciones judiciales refleja la complejidad de los procesos abiertos contra la exmandataria. El Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto dispuso que los antecedentes de Senkata pasen a la Fiscalía General del Estado, bajo el procedimiento de juicio de responsabilidades, pero esa medida no altera el hecho de que Áñez ya cumple una condena. Según el activista David Inca, representante de las víctimas de Senkata, este giro judicial significa un revés para quienes buscan justicia por las muertes del 19 de noviembre de 2019, cuando 10 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas tras la represión militar y policial en El Alto.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la CIDH, concluyó en su informe que esos hechos constituyeron una masacre y recomendó sancionar a los responsables. Para las familias de las víctimas, la anulación de obrados significa un retroceso, aunque mantienen la esperanza de que un juicio de privilegio logre establecer responsabilidades más allá de las defensas políticas.
Áñez, por su parte, sostiene que asumió el poder para “pacificar” el país y evitar un vacío de poder, y rechaza que su llegada a la presidencia sea considerada un golpe. Sin embargo, la justicia boliviana determinó que su actuación vulneró la Constitución y, con la sentencia firme, su situación legal es clara: debe cumplir los 10 años de prisión impuestos.
A esto se suman otros procesos que aún la rodean. Está acusada por la masacre de Sacaba, ocurrida el 15 de noviembre de 2019 en Cochabamba, tres días después de haber asumido la presidencia, cuando una intervención militar dejó una decena de muertos y varios heridos. Además, inicialmente se la investigó en el denominado “Golpe de Estado I” por terrorismo, sedición y conspiración. Aunque un tribunal la apartó de este caso en 2024 para evitar un doble juzgamiento, la Fiscalía apeló esa decisión y el tema permanece abierto.
