La activista cuestiona que los movimientos bancarios sean presentados como prueba suficiente sobre el origen del dinero y exige aclarar operaciones, bienes allanados y diligencias pendientes en otras causas.
La activista Nadia Beller acusó al Ministerio Público de actuar con presunto favorecimiento hacia el consultor argentino Fernando Cerimedo, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, después de que el fiscal Miguel Cardozo afirmara que los movimientos de dinero identificados corresponden a empresas del investigado en Estados Unidos y Argentina.
A través de sus redes sociales, Beller cuestionó esa explicación y advirtió que identificar cuentas bancarias y transferencias no resuelve, por sí solo, todas las interrogantes sobre el origen de los recursos, su ingreso a Bolivia y las operaciones que dieron lugar a la investigación.
“Ya no disimulan el descaro con el que pretenden liberar a Cerimedo”, escribió la activista, quien considera que las declaraciones fiscales favorecen los argumentos de la defensa y pueden contribuir a despejar sospechas sin esclarecer todos los hechos denunciados.
La controversia surgió después de que Cardozo informara, el viernes 23 de octubre, que la revisión de información financiera permitió identificar movimientos vinculados con empresas de Cerimedo en el extranjero. Según el fiscal, esos registros permiten establecer la trazabilidad de los 300.000 dólares relacionados con una casa de cambios en La Paz.
BELLER EXIGE EXPLICAR EL ORIGEN Y DESTINO DEL DINERO
La activista cuestionó que la identificación de fondos en cuentas internacionales sea considerada suficiente para explicar las operaciones investigadas. En su publicación, planteó interrogantes sobre la procedencia del dinero, su eventual internación legal al país y el destino de otros valores que, según su denuncia, fueron encontrados durante los allanamientos.
Beller sostiene que las pesquisas deben abarcar las transacciones financieras y las operaciones con criptomonedas que, según afirma, fueron denunciadas ante las autoridades. También cuestionó que la defensa invoque empresas como Madero Media Group, La Derecha Diario y Academia Numen sin que, a su juicio, se haya esclarecido integralmente el origen de los recursos relacionados con el caso.
La activista mencionó, además, a Brad Parscale, socio de Cerimedo, y pidió investigar posibles vínculos entre movimientos económicos y presuntas comisiones relacionadas con operaciones de venta de combustible a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esas afirmaciones forman parte de sus cuestionamientos y requieren verificación dentro de las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía abrió de oficio el proceso por presunto enriquecimiento ilícito después de recibir información sobre posibles irregularidades. En agosto, durante los allanamientos a inmuebles vinculados con Cerimedo, los investigadores encontraron dinero en efectivo y otros objetos que fueron incorporados a las actuaciones. Posteriormente, el Ministerio Público amplió la investigación por otros delitos, entre ellos legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado.
TAMBIÉN CUESTIONA LAS CAUSAS POR VIOLENCIA
Beller afirmó que existen denuncias relacionadas con otros procesos contra Cerimedo que, según su versión, no reciben la atención necesaria. Entre ellas mencionó la investigación por tentativa de feminicidio y una causa por violencia familiar o doméstica, además de diligencias que considera pendientes.
La Fiscalía confirmó en septiembre que Cerimedo fue imputado por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, proceso que se sumó a la investigación por tentativa de feminicidio abierta en Santa Cruz y a la causa patrimonial radicada en La Paz.
En su denuncia pública, Beller también cuestionó las actuaciones relacionadas con un inmueble valuado en 200.000 dólares cuya compra atribuye a Cerimedo. Según la activista, existen testimonios que respaldarían esa versión, mientras que el investigado niega que la propiedad sea suya en el proceso por enriquecimiento ilícito.
Otro de sus reclamos apunta a las presuntas presiones contra quienes denuncian irregularidades. Beller aseguró que la abogada de Cerimedo amenazó con investigarla para conocer cómo obtuvo información sobre supuestos hechos de narcotráfico en Beni. Interpretó ese anuncio como un intento de intimidación y reclamó que las autoridades atiendan las denuncias en lugar de dirigir acciones contra quienes aportan información.
La activista vinculó sus cuestionamientos con el presidente Rodrigo Paz y puso en duda la independencia de la Fiscalía frente a las investigaciones que comprometen a su entorno. Sin embargo, sus acusaciones sobre presunto favorecimiento político no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidades.
Beller ya declaró como testigo en la investigación patrimonial contra Cerimedo y entregó su teléfono celular para que sea sometido a peritaje informático, según reportes publicados en septiembre.
La activista insiste en que la investigación debe establecer si los recursos identificados proceden de actividades lícitas, cómo ingresaron al país y qué relación guardan con las operaciones que motivaron los allanamientos. También reclama esclarecer las diligencias que, según denuncia, permanecen pendientes en los procesos paralelos contra el consultor argentino.
