La difusión de nuevos nombres provocó reacciones inmediatas desde distintos frentes políticos. Mientras unos exigen investigaciones, otros cuestionan las medidas adoptadas por Washington y defienden la soberanía nacional.
La nueva lista de ciudadanos bolivianos que perdieron o tienen restringida la visa para ingresar a Estados Unidos volvió a sacudir el escenario político nacional. Entre los 15 nombres difundidos figuran diputados, exfiscales, jueces, mandos policiales y exautoridades que, desde distintos cargos públicos, tuvieron responsabilidades relacionadas con la administración de justicia, el control financiero, la seguridad o la lucha contra el narcotráfico.
La publicación no solo reabrió cuestionamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios con actividades ilícitas, sino que también provocó una cadena de pronunciamientos desde la oposición, el oficialismo y otras fuerzas políticas.
LA ADVERTENCIA DETRÁS DE LA LISTA
Uno de los primeros en referirse al tema fue el exministro de Gobierno Carlos Romero, quien sostuvo que la decisión estadounidense no debe ser minimizada ni considerada un hecho aislado.
Según explicó, la aparición gradual de nuevos nombres revela que existe un seguimiento sostenido y que las observaciones realizadas por Washington tendrían origen en investigaciones desarrolladas durante varios años.
“No restaría importancia a la lista de EE.UU.”, afirmó Romero al analizar la inclusión de autoridades y exautoridades bolivianas.
El exministro señaló que la cancelación o restricción de visas constituye una potestad administrativa de Estados Unidos. Sin embargo, observó que en este caso los señalados ocupaban funciones públicas relevantes y que la situación merece ser examinada por las instituciones bolivianas.
Romero remarcó que la presencia del exfiscal general Juan Lanchipa dentro de la nómina llama especialmente la atención debido a la influencia que ejerció durante años dentro del Ministerio Público. También mencionó el caso de autoridades vinculadas al sistema financiero estatal y organismos encargados de controlar movimientos de recursos económicos.
“ No es una lista de angelitos, EE.UU. nos está diciendo: investiguen”, manifestó.
A criterio de Romero, las autoridades nacionales deberían concentrarse en verificar si existen elementos que justifiquen o no las observaciones realizadas por Estados Unidos, antes que convertir el asunto en una disputa partidaria.
NOMBRES QUE GENERAN REPERCUSIONES
La nómina difundida incluye a los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; al exfiscal general Juan Lanchipa Ponce; al exfiscal departamental del Beni, Félix Gerardo Balderas Arteaga; al fiscal Julio César Porras Velarde; al exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras, Diego Alejandro Barboza Zeballos; y al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti.
También aparecen el exjefe de seguridad aeroportuaria de la FELCN en Viru Viru, Fernando Velasco Soliz; el comandante departamental de Policía de Tarija y exdirector de la FELCN, Freddy Pereira Molina; el director departamental del SEGIP en Santa Cruz, Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar; la exdirectora de Migración Katherine Calderón Valle; el exjuez José Ayaviri Siles; el exfiscal Armando Rojas Toledo; el ciudadano Rony Suárez Milliet y el juez Julio Nelson Alba Flores.
La amplitud de perfiles incluidos alimentó interrogantes sobre los criterios utilizados para incorporar a personas pertenecientes a distintos niveles y estructuras del Estado.
RECLAMOS PARA QUE SE INVESTIGUE
Desde la alianza Unidad, la diputada Clotilde Padilla pidió explicaciones públicas a los legisladores incluidos en la lista y anunció acciones para obtener información oficial sobre los motivos de las restricciones.
La parlamentaria sostuvo que corresponde esclarecer las razones de las observaciones y que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué antecedentes respaldan una medida de esta magnitud.
Padilla también apuntó al Ministerio Público y solicitó que se desarrollen investigaciones para determinar responsabilidades.
“Quienes tienen que dar la cara al país son los diputados que han salido en las listas”, declaró.
La legisladora fue más allá y aseguró que durante anteriores gestiones fiscales existieron funcionarios que, según su criterio, deben ser investigados por presuntos vínculos con estructuras criminales.
RECHAZO DESDE ALIANZA POPULAR
No todas las reacciones fueron en la misma dirección. La bancada parlamentaria de Alianza Popular expresó su rechazo a la revocación o restricción de visas aplicada por gobiernos extranjeros contra ciudadanos bolivianos.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que cualquier acusación o denuncia debe tramitarse bajo las leyes bolivianas, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales.
La bancada también cuestionó lo que considera una utilización política de decisiones adoptadas fuera del país y remarcó que la responsabilidad penal es individual y no colectiva.
Además, señaló que continuará concentrando su trabajo legislativo en temas económicos, sociales y productivos, sin modificar su agenda por la controversia generada en torno a las restricciones migratorias.
Otras Voces Se Suman
El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, afirmó que corresponde analizar los antecedentes de cada caso y que quienes resulten responsables de algún delito deben responder ante la justicia.
“Se tiene que analizar y los responsables deben ir ante un juez para responder”, expresó.
Por su parte, el senador Ernesto Suárez calificó la situación como delicada debido a que involucra a parlamentarios en funciones. Afirmó que los legisladores señalados tendrán que presentar descargos y aclarar su situación ante la opinión pública.
Suárez también lanzó acusaciones contra el exfiscal del Beni Gerardo Balderas, incluido en la lista estadounidense, asegurando que existen antecedentes que deben ser investigados.
Desde Santa Cruz, la vicegobernadora Paola Aguirre consideró que la presencia de diputados y exautoridades bolivianas entre los desvisados afecta la imagen institucional del país. Sostuvo que los señalados deben someterse a la justicia en igualdad de condiciones y sin privilegios derivados de sus cargos.
