Las movilizaciones mantienen 94 puntos de bloqueo en seis departamentos del país. La escasez se agrava y persisten las críticas por la falta de respuestas efectivas.
Treinta días después del inicio de las movilizaciones, Bolivia atraviesa una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años. Los bloqueos de carreteras y las protestas impulsadas por organizaciones campesinas, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), maestros rurales y sectores afines a Evo Morales mantienen paralizada gran parte de la red vial nacional, mientras crece el malestar por la ausencia de soluciones concretas desde el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
El último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó la existencia de 94 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz. La situación tiene su mayor impacto en La Paz y El Alto, donde las restricciones al transporte provocaron dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos.
La Paz concentra 22 puntos de bloqueo y continúa siendo la región más afectada por la medida de presión. Sin embargo, durante las últimas jornadas también se registró un incremento importante en Cochabamba, donde los cortes de ruta pasaron de 15 a 21, reflejando una expansión de la protesta hacia otras regiones del país.
Los sectores movilizados sostienen una demanda central: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. A pesar de la persistencia de las protestas y de la creciente adhesión de organizaciones sociales, el mandatario reiteró en varias oportunidades que no contempla dejar el cargo y volvió a insistir en la necesidad de instalar espacios de diálogo.
Mientras tanto, las bases movilizadas mantienen una postura de desconfianza frente a las convocatorias gubernamentales. En distintos puntos de bloqueo, dirigentes y participantes expresaron que las invitaciones a negociar llegan después de semanas de conflicto sin respuestas concretas a sus demandas.
La crisis también golpea a miles de familias que enfrentan dificultades para acceder a productos básicos. La escasez de combustible afecta al transporte público y privado, mientras que hospitales y centros de salud reportan preocupación por la provisión de insumos esenciales, entre ellos oxígeno medicinal.
En busca de una salida, el vicepresidente Edmand Lara y facilitadores del proceso convocaron para este domingo a los representantes de los sectores movilizados. La invitación se produjo después de que se cumpliera una de las principales condiciones exigidas por los dirigentes: la anulación de las órdenes de aprehensión contra el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el dirigente campesino Vicente Salazar.
La COB tenía previsto analizar el tema en un ampliado nacional que fue suspendido, mientras que organizaciones campesinas continuaban consultando a sus bases, que pusieron como condicionante, la liberación de los 300 detenidos.
Desde varios puntos de bloqueo surgieron voces que rechazaron la posibilidad de sentarse a negociar mientras no existan señales claras de solución por parte del Ejecutivo.
Paralelamente, sectores empresariales, cívicos y políticos intensificaron la presión para que el Gobierno declare estado de excepción. Sin embargo, las autoridades nacionales insistieron en que esa medida continúa siendo la última alternativa frente a una crisis que, tras un mes de conflicto, sigue sin encontrar una salida visible.
UN MES DE PROTESTAS SIN SOLUCIÓN
