Mientras los bloqueos superan las tres semanas y el desabastecimiento golpea a varias regiones, el Gobierno opta por negociaciones separadas, excluye a la COB y busca la ruptura entre organizaciones movilizadas.
El Gobierno nacional volvió a abrir una mesa de negociación parcial con sectores movilizados y dejó nuevamente al margen a la Central Obrera Boliviana (COB), en una decisión que alimenta las denuncias sobre una estrategia destinada a fragmentar las protestas sociales que mantienen paralizado al país desde hace 23 días.
La nueva convocatoria fue dirigida exclusivamente a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari para una reunión fijada este domingo a las 9:00. La determinación fue asumida pese a que distintos sectores mantienen medidas conjuntas de presión en varias regiones y exigen respuestas integrales frente a la crisis económica, el desabastecimiento y el incremento de los conflictos sociales.
La exclusión de la COB volvió a generar cuestionamientos entre dirigentes y bases movilizadas, que observan cómo el Ejecutivo instala diálogos separados con campesinos, mineros, fabriles, maestros y otros sectores, sin convocar a una instancia unificada que permita abordar el conflicto nacional de manera conjunta.
Más de 50 puntos de bloqueo continúan activos en diferentes carreteras del país, principalmente en el eje central, afectando el transporte de alimentos, combustibles y productos de primera necesidad. Pese a la magnitud de la crisis, el Ejecutivo mantiene reuniones individuales con organizaciones específicas, mientras crecen las críticas por la falta de soluciones estructurales.
El ministro Justiniano defendió la posición gubernamental y aseguró que el diálogo “ha sido permanente” durante las últimas semanas. Según explicó, el Ejecutivo sostuvo “innumerables reuniones” y envió cartas formales a distintos sectores para abrir espacios de acercamiento. También afirmó que el presidente Rodrigo Paz participó en encuentros que se prolongaron hasta por 14 horas.
“El compromiso democrático” del Gobierno, según sostuvo la autoridad, apunta a atender las demandas de campesinos, mineros, obreros, fabriles y maestros. Sin embargo, las reuniones continúan realizándose por separado, sin la presencia del principal ente matriz de los trabajadores bolivianos.
Justiniano insistió en que la convocatoria a la dirigencia Tupac Katari busca construir acuerdos sobre demandas que calificó de “legítimas”. También expresó preocupación por las pérdidas económicas en el agro y afirmó que los bloqueos afectan directamente a productores rurales. “Meses de trabajo terminan arruinados por nada más que días de bloqueo”, señaló.
Mientras el conflicto sigue escalando, el Gobierno anunció además la instalación del Consejo Económico y Social, cuya primera sesión fue convocada para el miércoles 27 de mayo en la Casa Grande del Pueblo. El Ejecutivo pretende convertir esa instancia en un espacio permanente para discutir temas vinculados a estabilidad económica, empleo, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible.
La iniciativa oficial aparece en medio de crecientes cuestionamientos de sectores movilizados que consideran que el nuevo organismo puede convertirse en otro mecanismo para desplazar a las organizaciones históricas de representación obrera y diluir el peso político de la COB dentro del conflicto nacional.
Desde la Asamblea Legislativa también surgieron posiciones divididas frente a la crisis. La diputada Ximena Arispe sostuvo que las mesas de diálogo son necesarias para canalizar las demandas sociales e incluso debatir posibles cambios dentro del gabinete ministerial.
Por su parte, la diputada Eliana Condori defendió el derecho a la protesta y afirmó que Bolivia atraviesa una situación económica y política delicada que se agravó con la conflictividad social.
En contraste, el diputado Alejandro Reyes aseguró que las movilizaciones responden a intentos de desestabilización y pidió la habilitación de carreteras mediante operativos policiales progresivos.
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