Con contratos firmados, competencias cumplidas y representación internacional vigente, un centenar de atletas denuncia que el Estado adeuda casi Bs. 3,5 millones del programa Sueño Bicentenario y exige una respuesta inmediata.
La deuda acumulada por el Estado con 100 deportistas bolivianos volvió a exponer el abandono que enfrenta el alto rendimiento en el país. Atletas de 28 disciplinas denunciaron que el Gobierno mantiene impagos tres meses del programa “Sueño Bicentenario”, pese a que los contratos fueron firmados, las obligaciones se cumplieron y los beneficiarios continuaron representando a Bolivia en competencias internacionales.
La raquetbolista Angélica Barrios informó que el monto pendiente alcanza casi Bs. 3,5 millones y afecta a deportistas de las categorías A, B y C del programa estatal creado durante la pasada gestión gubernamental. Según explicó, los pagos fueron cubiertos únicamente durante nueve de los doce meses establecidos en el contrato.
“Queremos que se cumpla con contratos firmados. Nos deben tres meses a los 100 deportistas”, reclamó Barrios durante una entrevista en la que detalló la situación que atraviesan los atletas beneficiarios.
La deportista señaló que el programa representó uno de los apoyos económicos más importantes que recibió el deporte boliviano en los últimos años. Sin embargo, aseguró que la falta de pagos dejó a muchos atletas en una situación crítica, debido a que varios organizaron sus entrenamientos, viajes, tratamientos médicos y competencias internacionales bajo la promesa de respaldo estatal.
Barrios explicó que, en su caso, el acuerdo establecía una mensualidad de Bs. 17.500 dentro de la categoría de alto rendimiento. A cambio, los deportistas debían cumplir cronogramas deportivos, actividades institucionales y requisitos administrativos vinculados al Viceministerio de Deportes.
“Nosotros seguimos compitiendo, seguimos trayendo medallas y seguimos cumpliendo todo lo que nos pidieron”, sostuvo la raquetbolista, quien además reveló que tuvo que asumir con recursos propios el proceso de recuperación tras una grave lesión sufrida durante una competencia internacional en China.
Los atletas también cuestionaron el manejo del viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, a quien acusan de haber evitado compromisos formales después de varias reuniones sostenidas durante los últimos meses.
Según los testimonios presentados por los deportistas, no existen actas firmadas de las reuniones realizadas y, tras promesas de solución anunciadas para abril, no volvieron a recibir respuestas oficiales. Incluso difundieron grabaciones de encuentros en los que la autoridad expresó dudas sobre los gastos realizados por los beneficiarios del programa.
“¿Cómo yo les creo que han gastado en eso?”, se escucha decir al viceministro en uno de los audios compartidos por los atletas.
Las declaraciones provocaron indignación entre los deportistas, quienes recordaron que los recursos estaban destinados a cubrir alimentación, equipamiento, fisioterapia, entrenadores, viajes y preparación internacional. También remarcaron que el programa fue aprobado mediante decreto y respaldado por normativa estatal vigente.
Barrios afirmó que el reclamo no busca beneficios adicionales ni nuevos incentivos, sino únicamente el cumplimiento de un compromiso ya firmado por el Estado boliviano.
“No estamos pidiendo bonos ni nuevos programas. Lo único que exigimos es que paguen lo que está establecido en contrato”, manifestó.
La atleta también pidió la intervención directa del presidente Rodrigo Paz, debido a que los intentos de diálogo con el Viceministerio no lograron resolver el conflicto.
Entre los afectados existen atletas olímpicos, campeones nacionales y representantes internacionales de distintas disciplinas. Muchos continúan entrenando sin respaldo económico, mientras otros deben recurrir a familiares, préstamos o apoyo privado para cubrir gastos básicos relacionados con su preparación deportiva.
“Somos deportistas, no partidos políticos ni grupos de presión. Lo único que queremos es que respeten la firma que hizo el Estado”, afirmó Barrios al advertir que varios padres de familia ya analizan iniciar acciones legales ante el incumplimiento gubernamental.
