La huelga general convocada por la CGT paralizó servicios estratégicos en todo el país mientras la Cámara de Diputados avanzó con la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La Argentina vivió una jornada de fuerte tensión institucional y social. Mientras en el Congreso se aprobaba en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei, un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) detuvo amplios sectores de la actividad económica. Transporte urbano e interurbano, trenes, vuelos, industrias y parte del comercio redujeron o suspendieron operaciones durante todo el día.
La medida de fuerza fue acompañada por las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina y por sindicatos industriales y de servicios. Desde la madrugada, la postal fue la de estaciones cerradas, fábricas sin actividad y centros urbanos con circulación limitada. En la Ciudad de Buenos Aires y en capitales provinciales hubo concentraciones frente a legislaturas y plazas centrales.
La conducción de la CGT informó que la adhesión fue mayoritaria en sectores clave. Empresas de transporte confirmaron cancelaciones masivas de servicios. Aerolíneas reportaron reprogramaciones y cancelaciones de vuelos. Cámaras empresariales admitieron afectaciones significativas en la producción diaria. El Gobierno evitó difundir cifras oficiales de acatamiento, aunque reconoció el impacto en movilidad y logística.
El trasfondo de la huelga fue el tratamiento parlamentario de la reforma laboral, iniciativa que modifica regímenes de contratación, indemnizaciones y aportes patronales. La sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se extendió durante varias horas y concluyó con la aprobación del texto con cambios. La votación contó con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, incluidos legisladores que responden a gobernadores provinciales.
Dirigentes sindicales sostuvieron que la reforma implica un retroceso en garantías laborales vigentes desde hace décadas. Cristian Jerónimo y Jorge Sola, integrantes del triunvirato cegetista, señalaron que la protesta respondió a la pérdida de empleo, la caída del poder adquisitivo y la situación de las obras sociales sindicales. También cuestionaron artículos que reducen contribuciones empresarias al sistema previsional.
Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó la medida como perjudicial para la actividad económica y estimó pérdidas millonarias por la paralización. El oficialismo defendió la reforma al afirmar que busca modernizar el mercado laboral y fomentar nuevas contrataciones en un escenario de recesión.
La jornada estuvo marcada además por un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso. El Ministerio de Seguridad desplegó fuerzas federales para resguardar el edificio legislativo mientras se desarrollaban concentraciones sindicales. No se informaron incidentes de gravedad durante la tarde.
En paralelo, el conflicto dejó al descubierto tensiones internas en el peronismo. Referentes gremiales cuestionaron a mandatarios provinciales que acompañaron la iniciativa oficial. Entre los señalados estuvieron el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Salta, Gustavo Sáenz; y el de Córdoba, Martín Llaryora. Desde esos distritos defendieron la necesidad de acompañar cambios estructurales para atraer inversiones.
La discusión legislativa continuará en el Senado, donde el proyecto deberá ser revisado tras las modificaciones introducidas en Diputados. La CGT anticipó que mantendrá un plan de acción si la iniciativa avanza sin alteraciones sustanciales.