Fallas mecánicas, controles insuficientes y discursos cambiantes agravan la crisis nacional.
La crisis por el combustible distribuido desde YPFB ha golpeado con fuerza al transporte público y privado en Bolivia. Durante más de una semana, los choferes reportaron daños graves en motores tras cargar gasolina, mientras el Gobierno modificaba su versión oficial en repetidas ocasiones.
Primero se negó el problema. Luego se habló de una falla técnica. Más tarde, de combustible heredado. Finalmente, el presidente Rodrigo Paz denunció sabotaje interno y mafias enquistadas en la estatal petrolera.
Los talleres mecánicos coincidieron en diagnósticos: residuos y obstrucciones en sistemas de inyección. La cifra oficial de vehículos afectados llegó a cerca de 2.000, reconocida por la propia YPFB.
En los primeros días, Carlos Cuéllar, gerente de Productos Derivados, defendió la calidad del producto, respaldándose en informes de la empresa inspectora Camin Cargo Control Argentina S.A., contratada por Bs 8,1 millones para supervisar 45 plantas. Sin embargo, el combustible contaminado llegó a los surtidores, poniendo en duda la eficacia de los controles.
Posteriormente, YPFB admitió la presencia de concentraciones elevadas de goma y manganeso en tanques de Santa Cruz, Trinidad y Oruro, además de volúmenes residuales almacenados en Arica y la frontera con Argentina. El combustible fue aislado y sometido a estabilización, mientras se anunciaban pruebas diarias de laboratorio.
El giro más fuerte llegó con la denuncia presidencial de sabotaje interno. Paz anunció la desvinculación de más de 300 funcionarios y reveló movimientos administrativos irregulares para proteger privilegios. Varios implicados ya enfrentan detención preventiva.
En paralelo, el Ministerio de Hidrocarburos activó un seguro solidario para cubrir daños a los vehículos afectados. Los talleres habilitados evaluarán cada caso y el seguro asumirá las reparaciones según la gravedad.
El tema escaló a la Asamblea Legislativa, donde el vicepresidente Edmand Lara anunció un pliego interpelatorio contra el ministro Mauricio Medinaceli, reactivando un mecanismo de fiscalización que estuvo paralizado por años.