El sector gremial exige ajustes al nuevo régimen tributario SIETE-RG, advirtiendo posibles cargas desproporcionadas y discriminación frente a asalariados, mientras autoridades explican su carácter voluntario y simplificado.
Los gremialistas de Bolivia mantienen una alerta activa tras la promulgación del Decreto Supremo N° 5503, que restablece el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE-RG). La norma, incluida en el Título III, Capítulo II, consolida el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en un único monotributo bimestral del cinco por ciento sobre las ventas brutas, según lo establece el Artículo 40 del decreto.
El viceministro de Política Tributaria, Álvaro Tapia, detalló que el objetivo del SIETE-RG es facilitar la transición del sector informal hacia la formalidad. “Se busca un mecanismo que unifique la carga tributaria en un solo pago, reduciendo los costos administrativos y promoviendo la formalización de actividades económicas”, explicó Tapia. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, subrayó que el régimen es voluntario y pretende ofrecer condiciones más económicas para quienes hasta ahora operaban en la informalidad, asegurando que la medida promueve un acceso más barato a la formalización.
Pese a estos argumentos, la Federación de Gremiales de Santa Cruz anunció que este lunes mantendrá una reunión con el ministro de Economía para exponer observaciones al decreto. Édgar Álvarez, ejecutivo de la organización, calificó como “discriminatoria” la normativa, debido a que los montos establecidos para los gremiales —ventas anuales de hasta Bs 250.000— contrastan con las disposiciones para los asalariados, que no tributan si perciben menos de tres salarios mínimos, equivalentes actualmente a Bs 9.900.
Álvarez indicó que los gremiales generan, en promedio, alrededor de Bs 2.000 mensuales de ganancia, sobre los cuales deben pagar el cinco por ciento de tributo, una carga que consideran elevada frente a los beneficios que perciben los trabajadores asalariados. Además, señaló que la reglamentación del decreto deberá estar lista en 15 días y que uno de los puntos críticos es la obligación de migrar automáticamente al régimen general según el Artículo 43.
El dirigente reconoció la disposición de su sector a formalizarse, pero insistió en que los tributos deberían calcularse sobre las ganancias netas y no sobre las ventas, y que estos aportes generen derechos concretos, como seguros médicos. También admitió que algunos comerciantes se ocultan en regímenes simplificados, aunque la detección de estas irregularidades debe ser responsabilidad del Estado.