El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, incrementa su tono autoritario, pidiendo medidas extremas contra la migración irregular y cuestionando las relaciones con países vecinos.El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, continúa fortaleciendo su postura autoritaria respecto a la inmigración irregular que afecta a su país. En un entorno de creciente inseguridad y desbordada migración ilegal, especialmente desde Bolivia y Perú, Kast ha dejado claro que tomará medidas drásticas para frenar los ingresos ilegales al territorio nacional. En su discurso, apuntó directamente a las naciones vecinas, dejando entrever que la cooperación con Chile depende de su disposición para recibir a los migrantes expulsados.La crisis migratoria ha escalado a tal punto que Kast ha propuesto la creación de una ley de Seguridad Integral y Control Fronterizo, que, además de dar facultades excepcionales a las Fuerzas Armadas y Carabineros, implicaría una alteración de los derechos constitucionales en zonas estratégicas. El control fronterizo de Chile, en especial en la Macrozona Norte, donde se encuentran los principales pasos fronterizos hacia Bolivia y Perú, será intensificado con medidas como el establecimiento de perímetros de seguridad y la suspensión de ciertos derechos, tales como la inviolabilidad del hogar y la libertad de tránsito, en casos de «intervenciones urgentes».El plan de seguridad también prevé el establecimiento de muros de 5 metros de altura, zanjas de 3 metros y torres de vigilancia con radares térmicos, similares a los de Israel y Hungría. Estas barreras se priorizarán en los puntos más críticos de la frontera, como Colchane y Chacalluta, de acuerdo con el anuncio del presidente electo, quien ha fijado la fecha de inicio para el 11 de marzo de 2026, coincidiendo con su investidura.Una de las amenazas más alarmantes que lanzó Kast fue la posibilidad de cerrar el comercio portuario con Bolivia, en caso de que el país no acepte a los migrantes que serán expulsados. En declaraciones recientes, Kast aseguró que no dudará en tomar medidas drásticas contra Bolivia y Perú, subrayando que, si los gobiernos de estos países no colaboran con el proceso de devolución de los migrantes, Chile no se quedará de brazos cruzados y podría suspender actividades comerciales, como el tráfico de mercancías a través de puertos clave.A su vez, la ley que Kast propone busca convertir el narcotráfico transfronterizo en un delito de seguridad nacional, sancionando con penas más severas a los responsables de estos crímenes. El presidente electo también ha prometido que, en los primeros tres meses de su mandato, reducirá los cruces ilegales de migrantes en un 40%, una promesa que ha sido recibida con escepticismo por diversos sectores sociales.La actitud del nuevo mandatario chileno ha generado controversia, tanto dentro como fuera de su país. La comunidad internacional, especialmente organismos de derechos humanos, ha cuestionado la legalidad de sus propuestas, que parecen contradecir los principios del Derecho Internacional. En particular, el principio de no devolución, que exige a los Estados brindar protección a los solicitantes de asilo, es ignorado por el plan de Kast.Por su parte, las ONGs que abogan por los derechos de los migrantes ya han manifestado su preocupación ante los drásticos cambios que se avecinan, temiendo que las reformas violen los derechos fundamentales de los individuos que intentan llegar a Chile buscando una vida mejor.
