La orden de excarcelación dispuesta por un tribunal de El Alto para Jeanine Áñez no tendrá efecto inmediato, ya que sobre la exmandataria pesa una sentencia ejecutoriada de diez años de cárcel.
La decisión del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto, que emitió una orden de libertad a favor de la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Senkata, generó expectativa en su defensa pero no alterará su situación legal. La exmandataria de facto, encarcelada en el penal de Miraflores, debe seguir cumpliendo la condena de diez años impuesta por el denominado caso “Golpe II”, la cual se encuentra firme y ejecutoriada.
El documento de excarcelación está fechado el 25 de agosto y lleva las firmas de los jueces David Kasa Quispe, Wendy Rojas Chuquimia y Pedro Canaza Kuno. En él se ordena a la directora del Centro Penitenciario Femenino Miraflores ejecutar la libertad de Áñez, en el marco del proceso por genocidio vinculado a los hechos de Senkata. Sin embargo, los mismos magistrados aclaran que la disposición es válida únicamente para ese caso y no afecta a los demás procesos abiertos en su contra.
La base jurídica de la orden se encuentra en la Resolución N.º 211/2025, que declaró fundada la excepción de incompetencia en razón de materia, determinando que Áñez debe ser procesada a través de un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria. Con ello, el proceso penal por Senkata quedó en suspenso en la justicia ordinaria.
Pese a ello, la expresidenta no podrá recuperar su libertad. El activista de derechos humanos y representante de las víctimas de Senkata, David Inca, fue categórico al señalar que la medida no cambia la situación actual. “No se efectiviza su liberación. Ella tiene una sentencia por el caso Golpe II, que es de 10 años. Mientras no se anule esa sentencia, Áñez seguirá en la cárcel”, explicó en declaraciones a las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs).
La defensa de Áñez insiste en que la condena del caso “Golpe II” carece de validez. Su abogado, Luis Guillén, recordó que han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la sentencia, al considerar que un juez ordinario no tenía competencia para juzgar a una expresidenta. “Son nueve procesos en su contra, todos carentes de sustento. Es una persecución sistemática”, afirmó.
Los familiares de las víctimas de Senkata, en cambio, interpretan la orden de libertad como un trámite legal que no restaura la responsabilidad de Áñez frente a la justicia boliviana. Para ellos, la exmandataria debe responder por las muertes y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los hechos de noviembre de 2019, cuando fuerzas de seguridad intervinieron en las protestas sociales dejando un saldo de decenas de fallecidos.
La exmandataria permanece recluida en el penal de Miraflores desde 2021, tras ser detenida en Beni y trasladada a La Paz. Desde entonces, su estado de salud y las condiciones de su detención han sido motivo de debate público y de reclamos por parte de organismos nacionales e internacionales.
