El Tribunal paceño impuso penas de cárcel y absolvió a otros cinco procesados.
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El Juzgado de Sentencia Anticorrupción 25 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó sentencia contra dos exfuncionarios involucrados en la adquisición de 500 respiradores de origen chino durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, en 2020. Eduardo Díaz Pizarro fue condenado a dos años de prisión, mientras que Juan Carlos Arraya Tejada recibió una pena de ocho años.
La causa, conocida como el caso “Respiradores chinos”, se inició por la presunta compra con sobreprecio y deficiencias técnicas en los equipos adquiridos durante la gestión de la entonces presidenta Jeanine Áñez.
En la misma resolución judicial, otros cinco exfuncionarios fueron absueltos de responsabilidad penal: Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elías Ramón Cordero Cuevas.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, manifestó que la sentencia constituye un paso importante en un proceso iniciado hace aproximadamente cinco años. “Se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de los principales acusados, entre ellos el señor Arraya, quien fue privado de libertad por ocho años”, indicó.
Condori señaló que, en el caso de las personas absueltas, la Procuraduría presentará el recurso legal correspondiente. Resaltó que, a través de este proceso, se acreditó la comisión de delitos como incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, con un perjuicio estimado para el país de más de seis millones de dólares.
La acusación formal fue presentada por el Ministerio Público en octubre de 2023. El documento incluía 38 testimonios y 53 pruebas documentales recolectadas durante la etapa preparatoria. Entre ellas figuraba un dictamen de auditoría forense que evidenció irregularidades en la licitación y adquisición de los ventiladores pulmonares, así como informes técnicos que señalaron que los equipos no cumplían con las especificaciones prometidas por el proveedor.
Un peritaje técnico especializado también estableció que los respiradores no eran aptos para su uso en unidades de terapia intensiva ni para la atención de pacientes en estado crítico por Covid-19.
Según la Fiscalía, la compra se efectuó con un precio unitario de 30.000 dólares, cuando en el mercado los mismos equipos podían obtenerse por un valor no superior a 8.900 dólares. “De acuerdo a las pruebas presentadas, no solo se incumplieron las especificaciones técnicas, sino que se evidenció un sobreprecio considerable”, afirmó en su momento el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrián Barrientos.
El proceso judicial incluyó la revisión de documentos contractuales, comunicaciones internas y evaluaciones técnicas, además de testimonios de funcionarios y especialistas. Los hallazgos coincidieron en que los equipos adquiridos no cumplían con las condiciones para su funcionamiento en entornos hospitalarios de alta complejidad.
