El debate entre candidatos presidenciales se convirtió en un espectáculo vacío donde las urgencias sociales fueron desplazadas por ataques personales.
Prometieron debatir ideas, pero ofrecieron monólogos ensayados y reproches estériles. El encuentro televisado entre ocho postulantes a la Presidencia de Bolivia terminó siendo un juego de exhibiciones retóricas que se alejaron por completo de los problemas estructurales que enfrenta la ciudadanía. En lugar de propuestas, abundaron acusaciones cruzadas. En vez de diagnósticos, predominaron eslóganes de campaña. Bolivia, el país de los contrastes, volvió a presenciar cómo su clase política gira en torno a sí misma, dejando a los ciudadanos sin una hoja de ruta clara.
UN ESCENARIO SOBRECARGADO DE EGOS Y SILENCIOS CONVENIENTES
El Tribunal Supremo Electoral convocó a los principales aspirantes presidenciales para un debate plural, transparente y de alcance nacional. Se presentaron Andrónico Rodríguez, Eduardo Del Castillo, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz, Jhonny Fernández y Pavel Aracena. Faltaron figuras como Evo Morales y Luis Fernando Camacho, cuyas ausencias también marcaron el tono del encuentro.
Desde los primeros minutos, el ambiente fue tenso. No por el ímpetu de las ideas, sino por el tono acusatorio que impuso Eduardo Del Castillo, quien se encargó de situar en el banquillo a los “herederos del neoliberalismo”. La narrativa del joven ministro convertido en presidenciable apuntó a deslegitimar la experiencia de sus contrincantes apelando al pasado oscuro de sus gestiones. Tuto Quiroga respondió con sarcasmo, Doria Medina con frialdad, Reyes Villa con tono beligerante. Nadie quiso ser el que retrocediera.
TEMAS URGENTES, RESPUESTAS DIFUSAS
En el bloque económico, los diagnósticos oscilaron entre la nostalgia y el eslogan. Samuel Doria Medina habló de “reconstruir la confianza en el país”, sin explicar cómo se articularía ese proceso en el plano fiscal. Andrónico apeló a la soberanía energética y alimentaria, pero evadió detalles técnicos. Rodrigo Paz mencionó brevemente un plan de recuperación del empleo, sin anclaje territorial ni presupuestario.
Sobre litio, Del Castillo insistió en los convenios firmados con empresas chinas como un paso estratégico, mientras Quiroga denunció falta de transparencia y alertó que “están entregando el futuro a cambio de prebendas”. Aunque el tema del litio debería haber sido un eje clave, fue tratado con superficialidad. Nadie presentó una política concreta de industrialización o beneficios específicos para las regiones productoras.
JUSTICIA Y DERECHOS, RELEGADOS A LO ACCESORIO
Si bien todos los candidatos aludieron al colapso del sistema judicial, ninguno estructuró una propuesta coherente. Reyes Villa propuso “mano dura contra los corruptos”, frase celebrada por sus seguidores, pero sin respaldo jurídico. Doria Medina defendió la necesidad de una reforma constitucional que libere a la justicia del poder político, aunque no detalló mecanismos para alcanzar dicha transformación. Andrónico insistió en que “la justicia comunitaria debe coexistir con la ordinaria”, pero no explicó cómo garantizar los derechos humanos en ese contexto.
Poco o nada se dijo sobre violencia de género, feminicidios, ni sobre la precarización de la salud pública. Estos temas quedaron subsumidos en menciones fugaces, como si se tratara de asuntos secundarios. La educación fue apenas mencionada por Fernández, sin más que la promesa de una digitalización masiva, carente de sustentos técnicos.
LA AUSENCIA DE PROPUESTAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Los pueblos originarios, campesinos e interculturales —históricamente marginados del debate electoral tradicional— tampoco encontraron eco. Andrónico, siendo su representante más visible, los evocó como “guardianes de la democracia plurinacional”, pero sin compromisos concretos. Ninguno de los otros aspirantes propuso políticas orientadas a resolver el despojo territorial, la criminalización de las autonomías o el racismo estructural.
Esa omisión fue leída en redes sociales como una confirmación de que la agenda indígena ya no es una prioridad para los grandes partidos. “Los recuerdan en campañas, los olvidan en planes de gobierno”, escribió una usuaria en Twitter durante la transmisión.
DEL ATAQUE PERSONAL A LA TRIVIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
El intercambio de acusaciones desvió constantemente la atención. Tuto Quiroga recordó a Del Castillo su rol durante las represiones de 2021. Este replicó cuestionando la complicidad de Tuto con los Estados Unidos. Reyes Villa, por su parte, culpó a Morales de “destruir la institucionalidad democrática” y propuso una suerte de purga política. Doria Medina defendió su pasado empresarial y acusó al MAS de “convertir al Estado en una empresa quebrada”.
Jhonny Fernández intervino poco. Cuando lo hizo, apeló a discursos municipales que no conectaron con la agenda nacional. Pavel Aracena intentó posicionarse como outsider, pero no logró articular un discurso más allá de las generalidades.
Cada participación parecía más un ensayo de TikTok que un proyecto de nación.
EL TSE BAJO PRESIÓN Y LA FRAGILIDAD INSTITUCIONAL
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, hizo un llamado a que la ciudadanía “vote con información, no con impulso”. Defendió el esfuerzo por organizar el debate y dejó entrever que en futuros encuentros se ajustará el formato para evitar la dispersión. No obstante, sectores críticos señalaron que la moderación fue pasiva y que el evento careció de mecanismos para exigir a los candidatos un compromiso verificable.
Organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Jubileo y la Ruta de la Democracia coincidieron en que el debate reveló la falta de preparación técnica de los aspirantes. “La política está secuestrada por una narrativa de enemigo interno. No hay visión de país, solo urgencia electoral”, indicó uno de sus analistas.
LA AUSENCIA DE PROPUESTAS EN SEGURIDAD, MIGRACIÓN Y ECONOMÍA INFORMAL
Ninguno de los postulantes abordó el incremento de la inseguridad urbana con cifras reales o estrategias integrales. La migración interna, el colapso de los sistemas de transporte público en ciudades intermedias, el desempleo informal o la crisis del comercio ambulante no encontraron eco en ninguna exposición.
La informalidad económica, que representa más del 70% del empleo en Bolivia, fue apenas aludida por Rodrigo Paz. Habló de “formalización con incentivos”, pero no explicó cómo hacerlo sin afectar los ingresos de millones de trabajadores que subsisten fuera del sistema.