La privatización de AySA marca una nueva etapa en la estrategia de desmantelamiento del Estado argentino: un recurso vital y estratégico pasa a manos privadas, reeditando el fracaso de los años ’90, con tarifas descontroladas y riesgo social creciente para millones.
Con un discurso plagado de eufemismos y justificaciones técnicas, el gobierno argentino encabezado por Javier Milei anunció la inminente privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), una empresa que abastece a más de 15 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El anuncio no es solo un nuevo capítulo del ajuste económico libertario: es la confirmación de que el Estado argentino se retira de su rol como garante de derechos básicos y deja que el mercado defina, una vez más, quién accede al agua y quién no.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de dar la noticia en conferencia de prensa. Con una frialdad técnica que contrastó con la magnitud de lo que se estaba anunciando, explicó que se transferirá el 90% de las acciones de AySA a capital privado a través de una licitación nacional e internacional, y una oferta pública en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores, bajo un esquema de Participación Propietaria que ya se utilizó en otras privatizaciones.
A pesar de que el gobierno intenta presentar la operación como una medida moderna y eficiente, la experiencia histórica pesa demasiado. La privatización de la entonces Obras Sanitarias en los años ’90 terminó en un desastre: tarifas dolarizadas, falta de inversiones, cortes frecuentes y una cobertura paupérrima en sectores vulnerables. El regreso a la administración estatal en 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, fue la única solución viable para recomponer un servicio que había colapsado por completo.
Hoy, en pleno siglo XXI, se repite el esquema con una dosis aún más agresiva: no solo se cede la operación del servicio, sino también el patrimonio. Esto implica que el agua, recurso natural vital, pasa de ser un derecho garantizado por el Estado a convertirse en una mercancía más. El lucro privado sustituye el interés público.
TARIFAS, CORTES Y AJUSTES: LO QUE SE VIENE
Las implicancias prácticas de la medida son inquietantes. Según trascendidos, el pliego de condiciones permitiría a la nueva empresa aplicar cortes de servicio a usuarios residenciales en mora, modificar tarifas trimestralmente según índices inflacionarios y trasladar el costo de nuevas obras directamente a los consumidores.
El abogado y especialista en derecho público Pablo Serdán fue contundente: “Privatizar el agua es abandonar la gestión pública de un derecho esencial. Las tarifas subirán, se priorizarán zonas rentables y se achicará el personal. El agua dejará de ser un servicio universal y pasará a ser un privilegio del que pueda pagarlo”.
Los aumentos ya comenzaron. En lo que va del año, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), las boletas de AySA se incrementaron un 331%. El cálculo tarifario actual se basa en un coeficiente que considera inflación mayorista, minorista y evolución salarial, lo que produce ajustes mensuales automáticos. Sin embargo, desde el oficialismo ya se anticipa una revisión más profunda para agosto que podría disparar nuevos incrementos.
En este contexto, los usuarios con tarifa social o subsidios podrían quedar desprotegidos. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, advirtió: “Si el Estado se retira completamente y deja que el mercado decida, miles de familias van a quedar fuera del sistema por no poder pagar. Ya se cerraron oficinas de atención al público en el conurbano y se eliminan los planes de pago. Lo que se viene es una política de expulsión de los sectores populares”.
UN RECURSO ESTRATÉGICO EN MANOS DE FONDOS BUITRE
La privatización no solo tiene consecuencias sociales inmediatas. También pone en juego la soberanía sobre un recurso clave en el siglo XXI. El agua potable es ya considerada por muchos analistas internacionales como “el petróleo del futuro”, debido a su escasez y valor estratégico. En este sentido, entregar AySA a capitales extranjeros —como ocurrió con el Grupo Suez en los ’90— puede significar hipotecar la autonomía del país para las próximas décadas.
Las condiciones que se negocian en los pliegos abren la puerta a que fondos especulativos internacionales ingresen como accionistas mayoritarios, tal como sucedió en otras áreas del Estado ya privatizadas o concesionadas. En este esquema, la lógica empresarial no admite inversiones a largo plazo ni atención a zonas con baja rentabilidad.
Durante la gestión del menemismo, el contrato firmado con Aguas Argentinas estipulaba la universalización del acceso al agua, pero jamás se cumplió. El Grupo Suez priorizó el reparto de dividendos y descuidó completamente las obras de infraestructura, lo que derivó en crisis sanitarias, contaminación de acuíferos y presión insuficiente en el servicio. En 2006, con el colapso del modelo, se decidió la reestatización.
Desde entonces, AySA invirtió más de 25 mil millones de pesos, construyó la planta potabilizadora de Berazategui, extendió el servicio al conurbano y alcanzó una cobertura de agua potable del 83% y de cloacas del 63%. Hoy ese proceso se interrumpe abruptamente, con el retorno a una gestión donde lo esencial es visto como superfluo.
UN FUTURO INCIERTO PARA LOS TRABAJADORES
Otro aspecto crítico es el destino de los trabajadores de la empresa. Aunque el 10% de las acciones quedará formalmente en sus manos, no hay garantía de estabilidad laboral ni continuidad de convenios colectivos. El antecedente inmediato es preocupante: en otras privatizaciones recientes, como Aerolíneas Argentinas o el Correo, los nuevos dueños impulsaron despidos masivos y precarización laboral.
El sindicato del sector yaexpresó su preocupación y prepara medidas de fuerza. Aseguran que la privatización pone en riesgo más de 8.000 puestos de trabajo directos y un número similar de empleos indirectos vinculados al mantenimiento y la construcción.